Vox se estrena en el juicio con un perfil bajo

La formación de Santiago Abascal, que ejerce la acusación popular en el juicio del «procés», se estrenó ayer en el Tribunal Supremo de la mano de uno de sus abogados, Pedro Fernández, a quien acompañaba en la mesa Javier Ortega. Pero al letrado de Vox se le notó un tono mucho más moderado de lo esperado y, en lugar de ataques y duras críticas, se ciñó a una argumentación técnica con la que trató de desmontar las denuncias de los acusados en relación a las supuestas vulneraciones de derechos con los que las defensas de los independentistas exigían la nulidad. Quizás la única «salida de tono» fue cuando pidió al tribunal que prohibiese los lazos amarillos en la Sala, pero no salió como pensaba.

En lo que sí se reafirmó Vox fue en la necesidad de que se incluya el delito de organización criminal para los acusados. Con ello, respondía a las defensas de los independentistas, que habían solicitado que se expulsase del escrito de acusaciones por no haber sido incluido en el auto de procesamiento. Y es que, tal y como explicó Fernández, «el auto de procesamiento no puede condicionar la calificación jurídica de los hechos». Por ello, sentenció que «no cabe expulsarlo de los escritos».

También defendió, con moderación aunque con cierta dureza, el hecho de que sean acusados de rebelión, a pesar de que los independentistas afirman que ni hubo violencia ni «alzamiento militar». Sin embargo, Vox considera que sí se dan las condiciones para ello, poniendo como ejemplo una sentencia del Supremo de octubre de 1980 en la que se establece que el alzamiento ha de ser un «levantamiento, sublevación o insurrección dirigidos contra el orden jurídico establecido, contra el normal funcionamiento de determinadas instituciones o contra autoridades, funcionarios...». Y que sea «público» y «violento». Por ello, aseguró que, «indiciariamente, se entiende que estamos en ese supuesto».

También rebatió otra presumible vulneración de derechos de la que se quejan los acusados: la libertad de expresión. Ante esto, el letrado de Vox argumentó que esa libertad «está sometida a los límites que impone la seguridad nacional, la integridad territorial y la defensa del orden», haciendo hincapié en que no existe convenio o norma internacional que establezca que un territorio está por encima de la libertad de expresión.

Pero también se refirió a la petición de las defensas de que el Rey declarase como testigo. Tal y como explicó –coincidiendo con la Fiscalía– la Constitución establece su inviolabilidad, destacando que si se llegasen a producir esas declaraciones, «no podrían valorarse como prueba de cargo o descargo para la sentencia».