Y tras el rechazo del Congreso, ¿ahora qué?

El rechazo del Congreso a la petición del Parlamento de Cataluña de que se ceda a la Generalitat la competencia para convocar un referéndum soberanista, era una decisión esperada en un guión con varias alternativas de futuro a partir de este momento.

El rechazo ayer del pleno del Congreso a la petición del Parlamento de Cataluña de que se ceda a la Generalitat la competencia para convocar un referéndum soberanista, era una decisión esperada en un guión con varias alternativas de futuro a partir de este momento.

Hay que echar la vista atrás, hasta 2005, para encontrar el precedente más parecido a lo que está ocurriendo ahora con las aspiraciones de independencia en Cataluña y atisbar algunas situaciones que se pueden repetir.

Fue ese año cuando el pleno del Congreso dio un "no"rotundo al denominado plan Ibarretxe, una negativa que llevó al entonces lehendakari a convocar elecciones anticipadas en el País Vasco (en las que mantuvo el Gobierno) y, tres años después, pretender convocar una consulta que fue tumbada por el Tribunal Constitucional.

Pese a las similitudes, hay también notorias diferencias entre la situación que se vivió en Euskadi y la que ahora se plantea en Cataluña.

Pasase lo que pasase en el pleno de ayer, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya había avanzado que seguiría adelante con sus intenciones y, por tanto, su próximo paso será impulsar que el Parlamento catalán apruebe una ley de consultas autonómica con el objetivo de tener cobertura legal para convocar el referéndum que pretende celebrar el 9 de noviembre.

La respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy a lo que interpretaría como un paso más en el desafío soberanista está cantada: presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Si el pasado 25 de marzo este tribunal anuló la declaración del Parlamento catalán que definía a Cataluña como "sujeto jurídico y político soberano", el Gobierno da por hecho que la decisión sobre la ley de consultas iría en el mismo sentido.

No obstante, la Generalitat ve una luz en la sentencia del mes pasado ya que interpreta que declaró constitucionales las referencias al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña siempre que se sigan los cauces legales.

Pero con independencia de la decisión final del tribunal, el mero hecho de que el Ejecutivo central presentase el recurso paralizaría la ley de consultas catalana.

Una de las alternativas barajadas ante ello por Mas es la convocatoria de unas elecciones de carácter plebiscitario, una vía que ya recogió el informe redactado por el denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional en caso de que el Gobierno central impidiera la consulta.

Mas apuntó en septiembre del año pasado que esas elecciones plebiscitarias podrían celebrarse en 2016, un horizonte temporal que provocó la inmediata reacción de ERC.

La duda es si, en caso de que Mas optara por convocar esos comicios, lo haría en la misma fecha prevista para la consulta, el 9 de noviembre, o en otra distinta.

También podría seguir con su intención de que haya referéndum ese día pese a que sería ilegal, algo que el Gobierno ya ha avanzado que no toleraría en ningún caso.

De igual forma, actuaría de inmediato si el presidente de la Generalitat optara después de esas hipotéticas elecciones plebiscitarias por una declaración unilateral de independencia.

"No podemos descartar la declaración unilateral. No es nuestro marco ideal, ni el mejor, ni el que queremos. Pero no podemos descartarlo", dijo el mes pasado Artur Mas, quien precisó: "Si al final nos quedamos desarmados, decidiremos si usaremos el marco legal de las elecciones, que podrían ser anticipadas o no".

En medio de todas las posibilidades de futuro, la vía por la que hay una apuesta generalizada es la del diálogo, aunque las interpretaciones sobre lo que ello supone son bien distintas.

Aunque hay opciones de negociación en torno a la reforma de la financiación autonómica y el Gobierno se muestra dispuesto a tener flexibilidad en el marco de las conversaciones multilaterales que va a mantener con ese objetivo, la Generalitat no cree que esta sea la solución.

Tampoco parece factible la reforma de la Constitución que el PSOE presenta como la panacea para resolver el problema, ya que el Gobierno no tiene intención de abordarla.

En cualquier caso, Rajoy mostró ayer en el pleno del Congreso que esa reforma constitucional es el único camino legal para las aspiraciones secesionistas y, por ello, ha invitado a que la propongan quienes desean separarse de España. El recorrido de ese intento sería muy corto.