El PSOE ofreció a ETA “un estatuto único” para País Vasco y Navarra

Dignidad y Justicia usará los documentos para acusar a «Ternera» de un delito de lesa humanidad.

Las actas intervenidas a ETA sobre las negociaciones que mantuvo con el Gobierno socialista en diversas fases, desde 2005 hasta 2007, ponen de manifiesto el papel de dirigente de la banda de José Antonio Urruticoechea, «Josu Ternera», recientemente detenido en Francia en una operación de la Guardia Civil.

Se trata, según fuentes de la Asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, de una prueba fundamental que añadir a las ya existentes contra este terrorista como inductor del atentado contra la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987, con el resultado de 11 personas asesinadas, seis de ellas menores de edad.

Asimismo, en el sumario 3/2015 en el que se acusa a varios dirigentes etarras, entre ellos a José Antonio Urruticoechea, «Josu Ternera», de un delito de lesa humanidad.

Este individuo, hasta que cayó en el ostracismo por la ruptura de dichas negociaciones, era uno de los principales cabecillas de la banda y nada se hacía sin que se le consultara.

Impensable excluirle de unas negociaciones con el Ejecutivo español, al menos en la primera fase, ni de una decisión de tanta trascendencia como enviar a España a «comandos» para que atentaran contra instalaciones de la Guardia Civil, aun a sabiendas de que en su interior vivían mujeres y niños. Se trataba de lo que ETA llamaba una «línea estratégica» y esa la marcaban los cabecillas, entre los que se encontraba «Ternera».

Las actas, que ayer volvieron a salir a la luz aunque ya habían sido publicadas, aparecen en un momento político muy delicado para el PSOE, que tiene en sus manos la llave para el Gobierno de Navarra, que, si así lo decidiera, podría entregar de nuevo a las fuerzas pro anexión de la Comunidad Foral al País Vasco. O apoyar a la opción más votada, navarrista y foralista.

En una de las actas se da cuenta de la reapertura de las negociaciones pese al atentado contra uno de los aparcamientos de la T-4 del aeropuerto de Barajas, noticia adelantada en exclusiva por LA RAZÓN y que, sin embargo, fue desmentida en sede parlamentaria por el Gobierno socialista. En aquella acción criminal murieron dos personas.

En uno de sus documentos, también publicados por este diario en su día, se da cuenta de las referidas reuniones que «llenaban el clima de desconfianza entre las dos partes» (por el citado atentado). «Sin embargo, a pesar de este atentado, el comité ejecutivo de ETA dirigió, en el mes de febrero 2007, un comunicado al jefe del Gobierno español con el fin de manifestar su voluntad de reemprender el diálogo y la necesidad de establecer un acuerdo político».

«Hay que señalar que en el mes de mayo de 2007, en una proposición de hoja de ruta se estableció, con miras de conseguir en 2012, “un estatuto único” para los cuatro territorios españoles que son Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del Partido Socialista de Euzkadi (PSE) y del Partido Socialista de Navarra (PSN). Esta propuesta fue hecha por el PSOE en ocasión de una reunión que tuvo lugar durante este mismo mes de mayode 2007 ante los observadores internacionales».

En las actas se relata el primer encuentro mantenido por «Josu Ternera» y Jesús Eguiguren, del PSE, en junio de 2005 en Ginebra. Ambos habían tenido multitud de encuentros que dieron comienzo en el hotel Wilson de la ciudad suiza y habían continuado en Oslo en noviembre del mismo año, en los que habían pactado desde los tiempos de los comunicados hasta la declaración de Zapatero cuando se produjera el anuncio de «alto el fuego permanente», que tuvo lugar el 22 de marzo de 2006.

En uno de los documentos se recoge la famosa frase, atribuida a uno de los representantes del Gobierno, a raíz de una operación contra ETA llevada a cabo por la Benemérita: «La Guardia Civil solo obedece al Duque de Ahumada». Para contrarrestar lo ocurrido, argumentaron la buena disposición de la Fiscalía. que había tenido una «actuación positiva» y recordaron que el Gobierno había cambiado al fiscal general, al nombrar a Cándido Conde-Pumpido para ese puesto.