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CSIF denuncia al ministro Illa ante el Supremo por delito contra los trabajadores, lesiones y homicidio imprudente

Critica que no llevara a cabo las recomendaciones de la OMS cuando asumió todo el poder en la crisis del coronavirus

El sindIcato CSIF ha presentado esta mañana una denuncia ante la Sala Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su gestión en la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, como máxima autoridad del Gobierno en esta materia. CSIF considera que la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los fesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente.

En este sentido, en ladenuncia se esgrime que a día de hoy, más de dos semanas después de la declaración de estado de alarma, los profesionales de la sanidad en toda España continúan trabajando en gran número de centros hospitalarios sin los preceptivos y necesarios equipos de protección individual, EPI, (guantes, gafas, batas, mascarillas, etc.) y ante dicha insuficiencia de medios materiales se están reutilizando los existentes, aun cuando no es material reutilizable por su pérdida de eficacia. Todo ello, sin duda, pone en riesgo su salud, al estar en contacto directo a diario con población contagiada.

CSIF recuerda que el 3 de marzo de 2020, la Organización Mundial de Salud advirtió a los gobiernos que aumentaran la producción de equipos de protección personal (EPP) ya que los trabajadores de la atención sanitaria dependen del equipo de protección personal para protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas. De esta forma, sosiene la denuncia,, el ministro Illa cuando apartir del día 14 asumió las máximas competencias en materia sanitaria en todo el Estado español debió asumir esas advertencias y adoptar con urgencia “las medidas necesarias al efecto y entre las medidas más esenciales se encuentra dotar a los servicios sanitarios del material de protección necesario para evitar que su personal se contagie en el ejercicio de sus funciones”.ç

SIn embargo, CSIF sostiene que el titular de Sanidad hizo caso omiso a esas advertencias, tal como vendría a atestiguarlo los datos oficiales de vícitmas de esta pandemia, toda vez que “desde el 28 de febrero, según los datos oficiales que constan en la página web del Ministerio de Sanidad se han elevado a 85.195 casos de contagio y 7.340 fallecidos en España".

Además, este sindicato anuncia que en los próximos días ampliará la denuncia a otros a otros colectivos del ámbito de las administraciones públicas afectados por la gestión de la crisis y el sindicato ya está trabajando para actuar por la vía de lo civil para solicitar la responsabilidad patrimonial contra la Administración.

El Colegio de Enfermería puede seguirle

Por otro lado,el sindicato CSIF no es el único que ha anunciado acciones legales contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por el retraso de este departamento a la hora de adquirir material de protección para los sanitarios, lo que ha disparado los contagios en numerosos hospitales de toda España. Las enfermeras se han mostrado también especialmente críticas por la situación que sufren en la atención de la avalancha de infectados que acude a los hospitales. El Consejo General de Colegios de Enfermería, presidido por Florentino Pérez Raya, ha amenazado ya con interponer demandas judiciales. En una durísima carta, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de demostrar una “falta de previsión para afrontar la pandemia” y de dejar desamparadas a las enfermeras. “Nuestra desprotección es una vergüenza”. En su opinión, el hecho de que España sea el país del mundo con mayor número de profesionales infectados “no es producto de la casualidad, es producto de la incompetencia”. Pérez Raya acusaba al Gobierno en la misiva de falta de previsión, ya que “conocía la existencia de los efectos del Covid 19 al menos desde el pasado mes de enero”. El Consejo, aseguraba, no renunciará a exigir cuantas responsabilidades sean necesarias y adoptará medidas jurídicas de todo tipo en exigencia de las responsabilidades inherentes a la dramática situación por la que atraviesan los profesionales de enfermería y todos los trabajadores de los servicios de salud. igual de dura es, asimismo, la carta enviada a Salvador Illa por el presidente del Colegio de Enfermería de Madrid, Jorge Andrada Serrano. En ella asegura que los enfermeros “no podemos conformarnos con vaguedades” y responsabiliza a la máxima autoridad sanitaria del Estado de la falta de equipos de protección. En ella, le avisa, además, de la interposición de posibles demandas.