El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena a 53 años y 11 meses de prisión impuesta a un matrimonio por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, inmigración ilegal y tráfico de drogas cometidos en pisos de Ferrol y Narón. En la misma causa, una colaboradora ha sido condenada a 25 años de cárcel por su participación en la red.

La sentencia, difundida este lunes, ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña de abril de este año. Según el tribunal, los acusados dirigieron durante años una trama que captaba a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad en Paraguay y Colombia para explotarlas sexualmente en Galicia.

El TSXG considera probado que, al menos desde 2019, los condenados “se dedicaron a obtener importantes beneficios económicos con la explotación de la prostitución de otras personas de sexo femenino”, organizando la llegada a España de las víctimas “incumpliendo la normativa de extranjería” con el propósito de que ejerciesen la prostitución bajo su control.

En su resolución, los magistrados describen una red con una estructura estable y jerarquizada. La pareja se encargaba de reclutar a las mujeres, coordinar su traslado y gestionar los beneficios, mientras que su colaboradora —que se desplazó desde Sevilla en 2021— actuaba como encargada de los pisos, vigilando la actividad y controlando las ganancias.

Deudas falsas, control y amenazas

Las víctimas, según el fallo, eran forzadas a pagar deudas ficticias de entre 5.000 y 7.000 euros, que se convertían en el mecanismo de sometimiento. “Ignoraban el corto plazo del reintegro y que la única forma de ganar dinero para ello era con la práctica intensa de los servicios sexuales de todo género que demandara la clientela”, explican los jueces.

Los acusados fijaban precios, horarios y agendas, mantenían cámaras de vigilancia en los inmuebles y controlaban las salidas de las mujeres, a las que amenazaban con ser denunciadas o deportadas si abandonaban los pisos. El tribunal señala que “las circunstancias de juventud, extranjería no regularizada y carencia de cobertura económica y familiar propiciaron un clima de aislamiento y temor” que reforzaba la dependencia de las víctimas.

La investigación, desarrollada por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos en el marco de la “Operación Asunción”, permitió localizar dos viviendas en Ferrol y Narón donde se ejercía la prostitución y se vendían drogas a los clientes. En los registros se hallaron libretas con anotaciones, dispositivos de cobro, dinero en efectivo y cocaína en pequeñas dosis.

Ratificación de las condenas

El TSXG desestima los recursos presentados por las defensas y confirma íntegramente las penas impuestas por la Audiencia Provincial. Los magistrados subrayan que los testimonios de las víctimas protegidas fueron “coherentes, persistentes y corroborados por pruebas policiales y documentales”, rechazando los argumentos sobre supuestas vulneraciones del derecho de defensa.

Además de las penas de prisión, el tribunal mantiene la obligación de indemnizar a cada una de las víctimas con 15.000 euros y decreta el decomiso del dinero, los inmuebles y el vehículo empleados en la actividad delictiva.

La sentencia no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.