El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este martes la aprobación por el Consello del proyecto de Ley de modificación de la Ley de salud de Galicia, una reforma que busca reforzar la protección del personal sanitario —tanto público como privado— ante cualquier tipo de agresión.

“La Xunta tendrá tolerancia cero con las conductas violentas que pongan en riesgo la integridad del personal en los centros sanitarios”, subrayó el jefe del Ejecutivo gallego, al presentar una norma que convertirá a Galicia en la primera comunidad en sancionar también las agresiones contra técnicos de emergencias o del 061.

En este marco, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que acompañó al presidente en su comparecencia, destacó que el objetivo es “poner los medios y recursos para prevenir y atajar todo acto violento contra las personas que cuidan y velan por nuestra salud”. Recordó que la actual ley, aprobada en 2008, “necesitaba adaptarse a la realidad actual”, en la que las agresiones a sanitarios han adquirido nuevas formas y escenarios.

El texto amplía la definición de “profesional sanitario” para incluir al personal de inspección, de admisión o administrativo, que también sufre con frecuencia ataques o faltas de respeto en su labor diaria. Además, la futura ley tipificará por primera vez la violencia digital, contemplando insultos, amenazas o campañas de desprestigio a través de redes sociales por parte de pacientes o acompañantes.

El concepto de agresión se extenderá también a hechos ocurridos fuera de los centros sanitarios, siempre que estén relacionados con el desempeño profesional. En la práctica, esto cubrirá situaciones como los ataques verbales o físicos sufridos por médicos o técnicos del 061 durante desplazamientos o intervenciones de urgencia, un colectivo especialmente expuesto y que había reclamado su inclusión en el marco legal.

Sanciones específicas y medidas protectoras

La reforma introduce un tratamiento específico en el capítulo de infracciones y sanciones. Las agresiones, ya sean físicas, verbales o digitales, se individualizarán y sancionarán de manera diferenciada, con sanciones proporcionales a su gravedad. En los casos más graves, el infractor podrá ser asignado a otro profesional sanitario o trasladado a un centro distinto de la misma localidad durante un plazo de hasta cinco años.

Además, se contempla la posibilidad de medidas de movilidad y apoyo psicológico para el personal agredido dentro del sistema público de salud. La Asesoría Jurídica de la Xunta ofrecerá asistencia legal a los trabajadores que decidan presentar denuncia, un respaldo largamente demandado por los sindicatos y colegios profesionales.

Otra novedad es la regulación de las grabaciones sin consentimiento en consultas, que podrán ser consideradas “una quiebra de la confianza” y motivar que el profesional suspenda temporalmente la asistencia, dejando constancia en la historia clínica.

Formación, prevención y registro de casos

El proyecto de ley también incide en la prevención, al incluir formación específica sobre manejo de conflictos y actuaciones ante situaciones de riesgo. Se prevé la creación de un curso en línea para la autoformación del personal y la colaboración con interlocutores policiales y sanitarios en actividades conjuntas.

Además, se crea el Plan gallego de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que garantizará el derecho de todos los profesionales a recibir asistencia y protección de las administraciones públicas. El plan incluirá medidas organizativas destinadas a evitar las situaciones de violencia y mitigar sus efectos.

Para un seguimiento efectivo, se pondrá en marcha el Registro gallego de actos de violencia externa en el ámbito sanitario, donde se inscribirán todos los incidentes que resulten sancionados.

Problemática creciente

La reforma llega tras varios episodios que conmocionaron al sector en los últimos años. En 2024, una médica de urgencias fue agredida en el PAC de O Porriño, mientras que en Santiago un celador sufrió lesiones durante un altercado con un acompañante en el CHUS. También se han registrado casos de amenazas a pediatras en centros de salud y ataques verbales a profesionales del 061 durante intervenciones nocturnas.

Según datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas), las agresiones notificadas al personal sanitario gallego superaron las 500 en el último año, de las cuales más de un 70% fueron de carácter verbal, aunque los casos físicos —menos frecuentes— dejaron huella psicológica en las víctimas y afectaron al clima laboral en los centros.

“Con esta ley queremos proteger a quienes nos protegen”, insistió Gómez Caamaño, quien subrayó que el texto se ha elaborado con aportaciones de asociaciones, sindicatos y representantes del sector sanitario.