⁠Galicia rechaza acoger a 317 menas “como si fuesen paquetes” y exige diálogo al Gobierno

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha lanzado hoy un mensaje claro y contundente al Gobierno central tras conocer el protocolo aprobado para la reubicación de menores migrantes no acompañados (menas) en las comunidades autónomas.

En declaraciones a los medios, García ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúe “tratando a los menores como paquetes” e imponga su reparto sin diálogo ni acuerdo con las regiones.

El nuevo decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros prevé el traslado de unos 3.000 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades a partir del 28 de agosto.

A Galicia se le asignan 317 de esos menores. Una cifra que, según denunció la conselleira, supera ampliamente la capacidad actual del sistema de acogida gallego, cuyos centros de protección ya se encuentran al 108% de ocupación.

“Queremos acoger, sí, pero dentro de nuestra capacidad. No se puede ser solidario con lo que no se tiene”, señaló García, subrayando que Galicia, como el resto del país, “siempre ha sido solidaria”. En este contexto, pidió al Gobierno que “vuelva a la vía del diálogo y deje de una vez por todas la vía de las imposiciones”.

La conselleira remarcó que la acogida de menores migrantes no puede gestionarse desde una perspectiva administrativa fría, sin tener en cuenta la situación real de las comunidades autónomas: “No se puede continuar tratando a los menores como si fuesen paquetes, eximirse de sus responsabilidades e intentar traspasar a las comunidades una responsabilidad que en estos momentos es del Gobierno de España”.

Durante su intervención, que tuvo lugar en la presentación de la Estratexia galega contra o edadismo, García apeló directamente al presidente del Gobierno: “Le pedimos al gobierno de Sánchez que respete a las comunidades autónomas, que dialogue y que llegue a acuerdos voluntarios, no a imposiciones unilaterales”.

Pese a las advertencias lanzadas desde Galicia y desde otros gobiernos autonómicos del Partido Popular, la portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, ya ha advertido de que el real decreto es “de obligado cumplimiento”, lo que anticipa un conflicto institucional abierto de cara a su ejecución a partir de finales de agosto.

Desde la Xunta, sin embargo, insisten en que este tipo de políticas deben basarse en el consenso y el respeto a la realidad territorial y competencial: “Galicia quiere seguir siendo solidaria, pero necesitamos los medios para hacerlo con dignidad y garantías. Imponer sin escuchar no es la solución”.