Lo que comenzó como un acuerdo político hace algo más de tres años, con una votación en el Parlamento de Galicia en la que los tres grupos mayoritarios -PP, BNG y PSOE- mostraron su apoyo al proyecto, parece encaminarse a concluir de modo también político. Aunque en este caso con desacuerdo.

Un relato a través del cual discurre el futuro de la fábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei (Lugo), iniciativa llamada inicialmente a generar empleo y riqueza transformando la industria y que, con el paso del tiempo y de las elecciones autonómicas, derivó en una bomba medioambiental que, aun sin existir, ya fue comparada por algunos con el mismísimo Prestige.

Bajo este prisma, y después de meses, años ya, de ruido mediático desde la oposición en Galicia, no extraña que ayer esa misma oposición que es Gobierno en Madrid anunciase que la compañía portuguesa no tendrá ni un solo euro de los 30 millones solicitados al no figurar en la lista de beneficiarios del Perte de descarbonización.

La decisión, de modo paradójico, o no, todavía no ha sido comunicada a la propia empresa. Algo que no ha impedido que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la avanzase en su cuenta oficial de Bluesky, espacio escogido para afirmar que el Ejecutivo central no va a apoyar “ningún proyecto que ponga en riesgo la población, la naturaleza, nuestro ecosistema, la propia vida”.

“Siempre hemos dicho alto y claro: Altri No. Y hoy lo decimos también desde el Gobierno, como llevamos defendiendo desde un inicio”, escribe en referencia a la noticia adelantada por eldiario.es.

Ok mediambiental

Ese riesgo medioambiental al que alude la ministra gallega choca, no obstante, con el visto bueno también medioambiental que habían otorgado al proyecto los técnicos de la administración autonómica. Hasta 34 que elaboraron más de 40 informes en los que validaban la iniciativa vinculada al cumplimiento de una serie de requisitos.

Al mensaje de Díaz se ha sumado también la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, que ha celebrado la decisión del Ejecutivo y ha valorado el papel de la movilización social, más importante, parece, en la toma de decisiones del Ejecutivo que los informes técnicos.

“La movilización ciudadana valió la pena. Desde Sumar hemos sido claros: un proyecto que pone en riesgo nuestro medio ambiente no es una salida laboral para nuestro país”, escribió también en Bluesky.

Según la información publicada por eldiario.es, la compañía portuguesa no recibirá los 30 millones de euros solicitados al PERTE de descarbonización que gestiona el Ministerio de Industria, pese a que argumentaba que su planta de macrocelulosa en Palas de Rei contribuiría a los objetivos de descarbonización.

Cabe recordar que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, había señalado el pasado mes de marzo que su departamento trataría el proyecto “como cualquier otro proyecto industrial” y “con plena objetividad”. “Nos toca gestionar y tramitar los expedientes que nos llegan. Son actos reglados”, recordó entonces en declaraciones a los medios.