Suspendido el juicio en Vigo contra un acusado de agresión sexual tras rechazar a su abogada

El Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo se vio obligado este lunes a suspender el juicio contra un joven acusado de agredir sexualmente a una chica, a la que supuestamente amenazó con una pistola simulada, tras negarse el procesado a ser representado por su abogada de oficio.

El juicio ha sido reprogramado para el próximo 5 de noviembre a las 10:30 horas, fecha en la que se presentará con un nuevo letrado elegido por él mismo.

El acusado se enfrenta a una petición de tres años de prisión por un delito de agresión sexual con violencia e intimidación. Los hechos, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación recogido por Europa Press, ocurrieron a primera hora del 14 de abril de 2024, cuando la víctima salía de su casa para pasear a su perro. El joven se le acercó haciéndole señas como si le pidiera fuego, pero la actitud del hombre la alarmó, por lo que decidió regresar al portal.

El acusado, entonces, salió corriendo tras ella. En la huida, la chica cayó al suelo y fue alcanzada por el agresor, quien la sujetó del brazo y la llevó hacia una zona oscura de la fachada del edificio. Allí, según la versión del ministerio público, le colocó una pistola de plástico, pero muy similar a un arma real, contra la cara mientras le hacía gestos para que guardara silencio. A continuación, le realizó tocamientos de carácter sexual.

Aterrorizada, la joven sufrió un mareo y fingió un desmayo, lo que le permitió escapar hacia el portal y llamar desesperadamente a los telefonillos. Aun así, el agresor la persiguió hasta el interior del edificio y continuó con los tocamientos, hasta que finalmente huyó al ver que ella lograba subir a la segunda planta tras la ayuda de un vecino.

Atenuantes

El joven, según consta en el informe forense, padece un trastorno de la percepción desde su nacimiento (es sordomudo), tiene un bajo nivel socioeducativo y presenta una personalidad inmadura. Por ello, la Fiscalía solicita que se aplique la atenuante de alteraciones de la percepción, al entender que sus capacidades intelectivas estaban moderadamente mermadas.

Aun con esta circunstancia, el ministerio público considera que los hechos constituyen un delito de agresión sexual por el uso de violencia e intimidación, y pide tres años de prisión, cuatro años de libertad vigilada, y la inhabilitación durante siete años para trabajos que impliquen contacto con menores.

Además, solicita que se le prohíba comunicarse o acercarse a la víctima durante cinco años y que la indemnice con 4.000 euros por los daños morales sufridos.