La Xunta planta cara al Gobierno por el reparto de menores migrantes: "Galicia no va a aceptar esta imposición"

La Xunta de Galicia criticó ayer el reparto de menores migrantes que plantea el Gobierno central, calificándolo de "injusto, arbitrario e impuesto". Según denunció el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, durante una reunión en Madrid de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, la comunidad gallega se vería obligada a acoger a 317 niños y adolescentes sin contar con los recursos adecuados ni con una planificación consensuada.

El malestar del Ejecutivo autonómico se centra en dos ejes: la falta de financiación para atender a los menores y la distribución asimétrica entre comunidades. "Galicia no va a aceptar esta imposición", afirmó Rey, quien recordó que Galicia ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional junto a otras diez comunidades, gobernadas tanto por el PP como por el PSOE.

El motivo principal del recurso es que el reparto, regulado por Real Decreto-Ley, invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de protección de menores.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ya había advertido en varias ocasiones que este plan del Ministerio de Juventud e Infancia no responde a criterios técnicos ni a una coordinación interterritorial, sino que se basa en acuerdos políticos con los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Prueba de ello, según la Xunta, es que mientras Galicia debe hacerse cargo de 317 menores, ni Cataluña ni el País Vasco acogerían a ninguno.

A la desigualdad en el reparto se suma la preocupación por la financiación. El Gobierno central solo contempla cubrir tres meses de preparación para la llegada de los menores, dejando en manos de las comunidades el coste total de su acogida y atención posterior. "Galicia no recibirá fondos para garantizar el bienestar de estos niños y adolescentes", lamentó Rey.

Desde el ejecutivo autonómico señalan que el sistema de protección de menores de Galicia se encuentra actualmente en una situación crítica, con una sobreocupación del 108%, lo que complica aún más la capacidad de respuesta ante una medida de estas dimensiones.

La Xunta criticó con dureza que el Gobierno haya optado por una vía unilateral, renunciando al diálogo y a la negociación que tradicionalmente acompañaban este tipo de decisiones.