España

La «operación Deluxe» acumula casi 20 investigados y decenas de peticiones de víctimas

El juez debe decidir en junio si prorroga la investigación sobre el presunto espionaje a famosos de periodistas de ‘Sálvame’ y un policía con acceso a bases de datos confidenciales

Carlota Corredera y David Valldeperas en 'Sálvame'
Carlota Corredera y David Valldeperas en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, a cargo del denominado «caso Deluxe» acumula ya 19 investigados además de la productora del programa de Telecinco «Sálvame», la Fábrica de la Tele. Fuentes jurídicas informan de que el procedimiento ha crecido en los últimos meses desde que comenzó a hacerse público parte del sumario. El magistrado tiene sobre la mesa más de una decena de peticiones de víctimas que buscan formar parte de la investigación sobre el espionaje a famosos presuntamente utilizando a un policía que sacaba datos confidenciales de las bases del Ministerio del Interior. El juez debe decidir en junio si prorroga la investigación, si bien citadas fuentes aseguran que la idea es no alargarla mucho más.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía había solicitado al magistrado más tiempo para seguir indagando en el delito de cohecho, como contó este periódico. Los agentes tienen bastante atado todo lo referente a la revelación de secretos que le imputan tanto al policía jubilado Ángel Jesús Fernández Hita, considerado principal cabecilla de la trama, así como al menos a otro policía más y a varios de los periodistas de «Sálvame». En la cúspide como organizador de la parte periodística, los investigadores sitúan al redactor Gustavo González. La trama extraía de los ordenadores del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska fichas policiales, antecedentes penales, matrículas o direcciones de domicilios. Pero Gustavo no está solo.

También bajo la lupa están los dos exdirectores del programa Carlota Corredera y David Valldeperas que, según las pesquisas, eran conocedores de este proceder. La Policía quiere probar que el intercambio de esta información no se hacía de forma altruista, sino que detrás había alguna contraprestación. Han rastreado cuentas bancarias para apuntalar esta tesis, pero no se han podido acreditar pagos. No obstante, según los informes de Asuntos Internos, los agentes creen que las comidas a las que los redactores invitaban al policía, por ejemplo, ya eran una forma de pago.

El juez no está seguro de que esto se sustente y fuentes jurídicas reseñan que tampoco ve que haya mucho más en lo que indagar por esta senda. Por eso, aunque no es descartable que se practique alguna diligencia más, Sexmero tiene ya casi escrito el informe final de la causa con el que se dará paso a una nueva fase.

Será entonces cuando se conozca realmente el número de víctimas y el nombre de todas las personas que se sentarán en el banquillo si el togado considera que hay motivos suficientes para llevar a juicio a los investigados por revelación de secretos. Por el momento hay ya ocho acusaciones particulares aceptadas y hay otras 12 pendientes de la venia del juez Sexmero.

En los archivos que fueron extraídos de las bases policiales hay vídeos, fotografías, conversaciones privadas y datos de más de un centenar de personas. Esta práctica en la que el policía Fernández Hita -que se jubiló en diciembre de 2018- pasaba a Gustavo González datos oficiales que terminaban distribuidos en prime time como si fueran informaciones periodísticas se prolongó durante años. Según la documentación que consta en el sumario entre los más afectados destacan, por ejemplo, los cantantes Omar Montes, Isabel Pantoja o su hija Chabelita, el futbolista Miguel Torres, el jinete Álvaro Muñoz Escassi o el torero Francisco Rivera. La policía analizó el registro de llamadas de Fernández Hita y de su terminal salieron llamadas con Belén Esteban, María Patiño o Kike Callejas, entre otros.

La posición que la Fiscalía tome en este asunto también será determinante porque en juego hay dos viejos derechos enfrentados: el de la información y el de la intimidad. Hasta dónde llegan los límites del periodismo y dónde comienza a toparse con líneas rojas inquebrantables del Código Penal. Será esta delgada línea la que tenga que dibujar el magistrado en esta fase final de la causa.