Declara el último testigo en el juicio contra Garzón

Ontañón, presidente de la Asociación de la República de Cantabria y autor del libro "Rescatados del Olvido", ha manifestado a preguntas de la defensa de Garzón que esta obra, que él aportó a la causa abierta en la Audiencia Nacional, es fruto de 30 años de investigación y se refiere al periodo 1937 y 1948, que es cuando se produjo la represión franquista en Santander.

Ha señalado que, en aplicación de la anterior consigna, se aplicó el tiro de gracia y se hizo desaparecer a cientos de personas "en la tapia oeste"del cementerio de Ciriego desde el 27 de agosto de 1936, "que es cuando las tropas de Franco entraron en Santander".

Según la investigación de Ontañón, que reflejó en su libro, de edición propia, una vez celebrados los consejos sumarísimos urgentes y dictadas las condenas y fijada la fecha de la ejecución, el jefe de piquete se personaba en la prisión provincial y decía al director el número de presos que a ejecutar, que casi siempre eran entre 13 y 16 personas.

"Me preocupé por investigar este número, y era precisamente la cabida de cada camión, aunque hubo días de 42 ejecuciones", ha narrado Ontañón ante el tribunal.

Según este testigo, el capellán castrense, encargado de los archivos del cementerio de Ciriego, era "el encargado de desaparecerlos".

Las fosas comunes, "zanjas comunes"para Ontañón, se preparaban para cien cadáveres, cada día se metían los ejecutados y se echaba cal viva encima, hasta cubrir la zanja con el centenar previsto. "Como mínimo en el cementerio civil hay 12 zanjas de éstas", ha puntualizado.

A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, el testigo ha señalado que interpusieron su denuncia en septiembre de 2008, tras conocer que en la Audiencia Nacional se había iniciado un procedimiento. "Como es lógico, nos falta tiempo para sumarnos".

El interés de esta asociación era el de "enmendar una situación arbitraria e injusta, porque se trata de crímenes contra la humanidad". Antes habían acudido al Juzgado de Torrelavega en relación con dos fosas que querían abrir, pero no les atendieron ni se personó nadie de este órgano. Tampoco han obtenido subvenciones.

"Pretendemos que la Audiencia Nacional colabore en la búsqueda de los desaparecidos que denunciamos -ha manifestado Ontañón a preguntas de la acusación particular, ejercida por el letrado José María Ruiz en representación de Manos Limpias-. Nuestra limitación es por falta de medios, queríamos que la Audiencia Nacional colaborara con nosotros en orden a buscar a los desaparecidos"

La declaración de este testigo había obligado a suspender la vista por espacio de casi una hora debido a que Ontañón se encontraba volando hacia Madrid cuando fue citado por primera vez ante la Sala.

Ahora, y una vez desarrollada también la fase documental, solo queda que las diferentes partes expongan sus informes finales y se conceda turno de última palabra al acusado.
El abogado de Manos Limpias intentó que este último trámite se pasara al próximo lunes, alegando que necesitaba tiempo tras la abundante documentación aportada hoy por la defensa de Garzón. No obstante, el presidente de la Sala, Carlos Granados, ha denegado esta petición y el juicio se reanudará mañana.

Manos Limpias, que concurre conjuntamente con la asociación Libertad e Identidad, solicita inicialmente que Garzón sea inhabilitado por 20 años por un delito de prevaricación, mientras que la Fiscalía no presenta acusación en este procedimiento. Una vez las partes se pronuncien sobre si mantienen o no estos pronunciamientos será el momento de exposición de sus informes, y el juicio se cerrará con el turno de última palabra para el juez suspendido de la Audiencia Nacional.

La Sala decidió el pasado martes continuar con la vista tras rechazar las cuestiones previas esgrimidas por la defensa del juez de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía para que fuera anulada entre ellas la aplicación al caso de la 'doctrina Botín'.

La Fiscalía, que apoyó todas las cuestiones previas planteadas por la defensa, no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón -mantiene la misma postura en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5-.

Por su parte, Manos Limpias sostiene en su escrito de acusación que, en todas sus actuaciones, Garzón "era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".

Por ello, piden al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.

El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala los magistrados Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.