Una jubilación de banquero

Sevilla- Antonio Fernández figura como beneficiario en las dos pólizas de seguros que los 94 trabajadores afectados por el ERE de González Byass suscribieron en mayo de 2008. Sumando ambas, sus ingresos superarían los 400.000 euros.

Según ha podido comprobar este periódico, la bodega jerezana suscribió un seguro de grupo con Vitalicio a favor del colectivo afectado por el ERE entre los que figura el exconsejero de Empleo. La póliza número 83-190.001.934 lo incluye en el puesto 88. En su caso, entraría en vigor a partir de julio de 2010, ya que en el acuerdo suscrito entre la empresa y los trabajadores consta esa fecha como baja. Los pagos finalizarían en octubre de 2012 y el total percibido ascendería a 34.240,01 euros. La prima global asciende a 3.419.573 euros.

Fernández nunca ha negado este extremo. Él ha asegurado que esta cantidad –«unos 30.000 euros» decía– no la ha cobrado aún y que lo hará una vez que se jubile o se quede en situación de desempleo. Además, ha defendido que su inclusión en el ERE fue obligada porque se encontraba en situación de excedencia forzosa.

La segunda póliza es la que tomó la Asociación de Antiguos Trabajadores de 11 de abril de 2008, los 94 exempleados de González Byass. Lo hizo también con Vitalicio –seguro de grupo número 83-190.001.936– el 1 de mayo de 2008 y es la que financia la Junta de Andalucía merced al protocolo de colaboración suscrito con la Administración autonómica el 16 de abril de ese año.

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, comprometió una partida de 17.459.092 euros con cargo al programa 31L – el que él mismo definió como un «fondo de reptiles» ante la Policía aunque luego lo denominó «fondo para apuros»– para «paliar y atenuar» los efectos de la extinción de los contratos laborales.

Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y abril de 2010, también aparece como beneficiario en esta póliza pagada con dinero público. Es aquí donde las cantidades se disparan. Según los datos cotejados por LA RAZÓN, entraría en vigor en octubre de 2012, justo cuando finaliza la primera.

El primer mes completo sería el de noviembre e ingresaría 2.243,80 euros –como capital reversible del que un 50 por ciento podría ser cobrado por sus herederos en caso de fallecimiento– y 876,02 como no reversible: 3119,82 euros al mes. Las cantidades se revisarían un 3,5 por ciento al alza todos los años hasta julio de 2021, fecha en la que Fernández cumpliría los 65 años y accedería a la jubilación. En total, 386.193,37 euros pagados a través de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, salvo que el beneficiario decida renunciar tras conocerse la noticia o el Gobierno se niegue a abonarla.

La suma de ambas pólizas sería de 420.433,38 euros por trabajar en la bodega jerezana desde mayo de 1971 –fecha en la que entró como botones– hasta principios de la década de los ochenta, cuando solicitó la excedencia forzosa para dar clases en la Universidad, asesorar a los sindicatos CC OO y UGT en materia laboral y convertirse en concejal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en 1983.

Copia a la Junta
Esta información estaba en posesión del Gobierno andaluz desde el momento en que se formalizó. Una de las cláusulas recoge que la compañía aseguradora «remite copia de la póliza a la Junta de Andalucía en concepto de financiadora de la misma». Por tanto, el Ejecutivo tenía constancia de la inclusión del exconsejero de Empleo como beneficiario.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, justificó la semana pasada la complejidad de la investigación interna que desarrolla la Consejería de Empleo para detectar los «intrusos» en los ERE porque «las bases de datos estaban en manos de las aseguradoras». Este caso demuestra que las compañías remitían la información a la parte que abonaba las cantidades, única forma de que se conozcan que hay 6.096 pólizas de rentas financiadas actualmente con fondos públicos.

Por su parte, la empresa González Byass aseguró ayer en un comunicado que cumplió «rigurosamente» la legalidad en el ERE y que la inclusión de Fernández fue legal. La coincidencia entre su fecha de nacimiento y de antigüedad lo achacó a un «error de transcripción».

Preside el Consejo que hizo otro ERE
Tras salir del Gobierno de José Antonio Griñán en abril de 2010, Fernández estuvo poco tiempo como diputado en el Parlamento de Andalucía. En septiembre fue elegido presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xerez-Sherry, cargo que le obligó también a abandonar su condición de diputado en la Cámara. Ahora preside un organismo en el que también se negoció un ERE cuando era consejero de Empleo de la Junta de Andalucía. La crisis de las bodegas y los viñedos en el año 2009 derivó, entre otras medidas, en un expediente de regulación de empleo en el que se siguió el mecanismo habitual: el Consejo Regulador tomó una póliza de seguros para pagar las prejubilaciones y una asociación constituida por los exempleados tomó una segunda. Ambas están emitidas el mismo día: 8 de abril de 2009. Ahora, tras una reñidas elecciones en las que el apoyo de los viñistas frente a las bodegas fue decisivo, ocupa ese cargo.