Europa abre una investigación sobre el mal uso de los fondos en las obras de regadíos

Sevilla- La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha decidido abrir una investigación sobre las presuntas irregularidades en las obras de modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir. Según una carta enviada a los comuneros con fecha 24 de octubre y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el organismo dependiente de la Comisión Europea considera que los hechos «quedan dentro de su competencia» y los indicios son «suficientes» para abrir una investigación conforme «a la política» del organismo.

La OLAF, que ya el 26 de junio comunicó que estaba «evaluando» la documentación, reclama información sobre «la situación del proceso» así como el punto en el que se encuentra «la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla y la Guardia Civil». Este periódico ya informó de que las diligencias se han trasladado al juzgado de Instrucción 1 de Utrera (Sevilla). La OLAF invoca el Reglamento 1073/1999 de Comisión Europea y ha asignado la referencia OF/2012/0672 a las diligencias abiertas. El citado Reglamento señala en su artículo 7 que «las instituciones, órganos y organismos, comunicarán inmediatamente a la Oficina cualquier información relativa a posibles casos de fraude o de corrupción, o cualquier otra actividad ilegal».

Esta circunstancia contrasta con la actitud que ha mantenido la Junta de Andalucía, administración que ha gestionado los fondos europeos que han financiado las (inconclusas) obras de modernización de la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir. El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, se negó recientemente en una comisión parlamentaria a investigar los hechos y las presuntas irregularidades detectadas en el proceso.

El origen del caso se remonta a 2004. El 13 de octubre el extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), dependiente de la Junta de Andalucía, concedió a la comunidad de regantes una subvención de 40.119.944 euros correspondiente a un presupuesto máximo subvencionable de 66.608.189,18. El 70 por ciento de la cantidad correspondía a fondos europeos gestionados por la Administración autonómica. La denuncia ante las autoridades judiciales y europeas asegura que se recibieron presiones para la adjudicación de las obras a la UTE Befesa-Alpi por parte de la Consejería de Agricultura. Tras retrasos y discrepancias, los regantes rescindieron el contrato en julio de 2009. La Junta ha tratado de mediar entre los comuneros y la empresa en varias ocasiones. Fruto de esa labor se produjo una reunión en la sede provincial de Sevilla de la Consejería de Agricultura en la que un representante de Befesa, con la presencia de técnicos del departamento que hoy dirige Planas, amenazó con «poner en un papel nombres, apellidos y cantidades».

Un dictamen jurídico elaborado por el despacho del ex ministro Manuel Clavero Arévalo –encargado por los regantes– atribuyó «gran protagonismo» a la Consejería de Agricultura en las presuntas irregularidades ya que la concesión de la ayuda le obliga a realizar «las funciones de inspección respecto a la ejecución del proyecto de inversión». Basándose en un informe de la consultora Ayesa, también concluyó que «se había certificado más cantidad económica y diferentes unidades a las constatables en la obra. Esta grave situación era conocida y consentida en todo momento por la Junta de Andalucía».

Las obras se encuentran paradas desde 2008. La comunidad, que engloba a agricultores de los términos municipales de Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Dos Hermanas, tiene que hacer frente al préstamo solicitado en su día para abonar el porcentaje de las obras no subvencionadas. Cuatro años después, y ante la inacción de la Junta de Andalucía, será la OLAF la que investigue si ha habido mal uso de los fondos públicos. Según el artículo 9 del Reglamento 1073/1999, «al término de una investigación efectuada por la Oficina, ésta elaborará, bajo la autoridad del Director, un informe que incluirá los hechos comprobados, en su caso el perjuicio financiero, y las conclusiones de la investigación, incluidas las recomendaciones del Director de la Oficina sobre las medidas a adoptar». De momento, el proceso ya ha arrancado.
 

Planas, contra Europa y la Fiscalía
La Oficina de Lucha Contra el Fraude de la Comisión Europea quiere aclarar los hechos y el destino de los fondos para las obras de modernización de regadíos en la comunidad de regantes de las Marismas del Guadalquivir. La Fiscalía también ve indicios de posibles irregularidades y ha ordenado la apertura de diligencias en un juzgado. Los propios comuneros quieren esclarecer los hechos y descifrar por qué después de millones de euros invertidos –públicos y privados– la obra no está en servicio. Todos, menos la Junta. Planas defendió el 17 de octubre las labores de «inspección y control de su departamento». Incluso argumentó que la OLAF había «archivado el expediente» en marzo de 2012 tras reclamar información. El consejero ha elegido ir a contracorriente.