El juez ve indicios de fraude fiscal y aumenta el catálogo de delitos

ALMERÍA- El Juzgado de Instrucción número 2 ha encontrado indicios racionales de que los grupos empresariales implicados en la presunta trama de corrupción política y mercantil que se investiga a través de la «Operación Poniente», en El Ejido (Almería), podrían haber incurrido en varios delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y del impuesto de sociedades.
Así se recoge en un auto dictado por el órgano en el que insta a los responsables de las subcontratas que operaban con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada el eje de la presunta trama, a que, si lo estiman oportuno, pidan realizar una declaración ampliatoria para esclarecer los pormenores del supuesto fraude fiscal, según han precisado a Europa Press fuentes judiciales.
La resolución que amplía los delitos investigados, que hasta ahora eran los de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, deriva de los indicios que se desprenden de al menos cinco informes periciales que la anterior instructora de la causa, la magistrada Montserrat Peña, solicitó a la Agencia Tributaria (AEAT). Lo hizo mediante un oficio liberado en agosto de 2010 y en ellos se analiza la documentación contable que durante la investigación se ha intervenido a los principales imputados. En concreto, los citados informes que se han proveído en julio y septiembre señalan que entre 2002 y 2009 las mercantiles que subcontrataban con Elsur y que aparecen vinculadas al denominado «Grupo Amate», liderado por el empresario sevillano José Amate; al «Grupo Galán» encabezado por el empresario madrileño Juan Antonio Galán; al conocido como «Grupo Abengoa» y a los también imputados Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, pudieron incurrir en fraude fiscal.
Los documentos periciales de la AEAT señalan, asimismo, que en el mismo periodo temporal, los grupos Amate, Galán y Abengoa «sobrefacturaron» a la empresa mixta un total de 53,917 millones de euros, cuantía que excluye los servicios fuera de canon.