El juez ve indicios de fraude fiscal y aumenta el catálogo de delitos

Insta a las subcontratas de Elsur a ampliar sus declaraciones

Las empresas pactaban pagos extra cada año con el Ayuntamiento ejidense, gobernado entonces por Juan Enciso (PAL), en la imagen
Las empresas pactaban pagos extra cada año con el Ayuntamiento ejidense, gobernado entonces por Juan Enciso (PAL), en la imagen

ALMERÍA- El Juzgado de Instrucción número 2 ha encontrado indicios racionales de que los grupos empresariales implicados en la presunta trama de corrupción política y mercantil que se investiga a través de la «Operación Poniente», en El Ejido (Almería), podrían haber incurrido en varios delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y del impuesto de sociedades.
Así se recoge en un auto dictado por el órgano en el que insta a los responsables de las subcontratas que operaban con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada el eje de la presunta trama, a que, si lo estiman oportuno, pidan realizar una declaración ampliatoria para esclarecer los pormenores del supuesto fraude fiscal, según han precisado a Europa Press fuentes judiciales.
La resolución que amplía los delitos investigados, que hasta ahora eran los de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, deriva de los indicios que se desprenden de al menos cinco informes periciales que la anterior instructora de la causa, la magistrada Montserrat Peña, solicitó a la Agencia Tributaria (AEAT). Lo hizo mediante un oficio liberado en agosto de 2010 y en ellos se analiza la documentación contable que durante la investigación se ha intervenido a los principales imputados. En concreto, los citados informes que se han proveído en julio y septiembre señalan que entre 2002 y 2009 las mercantiles que subcontrataban con Elsur y que aparecen vinculadas al denominado «Grupo Amate», liderado por el empresario sevillano José Amate; al «Grupo Galán» encabezado por el empresario madrileño Juan Antonio Galán; al conocido como «Grupo Abengoa» y a los también imputados Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, pudieron incurrir en fraude fiscal.
Los documentos periciales de la AEAT señalan, asimismo, que en el mismo periodo temporal, los grupos Amate, Galán y Abengoa «sobrefacturaron» a la empresa mixta un total de 53,917 millones de euros, cuantía que excluye los servicios fuera de canon.