Gómez Benítez quería un presidente con «hoja de ruta»

Madrid- Las dos reuniones plenarias que se han celebrado hasta el momento para intentar consensuar al sustituro de Carlos Dívar al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo han sido de todo menos serenas, con constantes «puyas» de unos hacia otros y de reproches mutuos, al menos en los «corrillos» que se formaban en los recesos, con acusaciones de bloqueos y alguna que otra frase que puede considerarse hasta hiriente cuando se refería a algún candidato que se propuso y que ya no está en activo en la Carrera Judicial. Incluso algunos de los nombres que se pusieron sobre la mesa no contaban con el visto bueno de los interesados y hasta de forma expresa se negó su aceptación en el supuesto de ser elegido. Y en las negociaciones «oficiosas», ofrecimientos y peticiones de buscar un «reequilibrio» en los cargos más relevantes del Consejo.

En este último punto, según señalaron a LA RAZÓN fuentes del Consejo, Manuel Torres Vela recibió el «ofrecimiento» de ocupar un puesto de relevancia si, junto con otros que votaban en «su misma línea», respaldaba a alguno de los candidatos que apoyaba la mayoría de los vocales de la Asociación Profesional de la Magistratura y de Jueces para la Democracia.
Los candidatos iban sucediéndose de forma paulatina, sin que se llegara a ningún acuerdo. En la inmensa mayoría de las ocasiones no hubo descalificaciones personales, pero en un caso, cuando se plantó la opción de un magistrado ya jubilado, uno de los vocales tuvo una desafortunada frase al manifestar algo así como «ahora vamos a tener que ir a la residencia –de ancianos– a buscar a un candidato», comentario que molestó a más de un consejero.
José Manuel Gómez Benítez planteó incluso, según las fuenes consultadas, que antes de elegir al presidente se estableciese una especie de «hoja de ruta», de «guión» que debería marcar la agenda del designado en sus relaciones y posiciones con el Ministerio de Justicia para abordar y defender la postura del Consejo frente a las reformas que pretende llevar a cabo Ruiz-Gallardón, algunas de las cuales afectan directamente al órgano de gobierno de los jueces. «Quería que se establecieran las pautas, requisitos que íbamos a exigir respecto a las reformas previstas y marcarle el guión en lo que nos queda de mandato», incidieron en este punto.
También fue este vocal el que aludió a la necesidad de buscar un «reequilibrio» si el presidente elegido era un magistrado de tendencia «conservadora», ya que en ese caso, tanto éste como el vicepresidente serían del mismo «grupo». A esta posición se sumó otro consejero, Miguel Carmona. «Es lógico, porque en un negociación hay que valorar todas las opciones», defienden otros vocales sobre esta cuestión.

Si una parte importante del Consejo no duda de la continuidad de Fernando de Rosa como número dos, no se puede decir lo mismo respecto a la portavocía. Su actual responsable, Gabriela Bravo ya manifestó en el Pleno que pondría su cargo a disposición del nuevo presidente y no es descartable que si es elegido presidente un «progresista», la portavocía recaiga en un vocal «conservador», y viceversa, aunque no es fácil que cuente con el aval del sector liderado por Margarita Robles.