La Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para un ex edil del PSOE

SEVILLA- Prevaricar, del latín «praevaricre»: cometer el delito de prevaricación, esto es, «dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario». Por estos cargos, en relación a la concesión de unos contratos a la empresa Iturri, la Fiscalía de Sevilla solicita ocho años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público para el ex edil del Ayuntamiento hispalense–Gobernación, Movilidad y Seguridad fueron algunas de las áreas que ocupó– Francisco Fernández. El concejal, que alegó que se saltó los procedimientos legales por la urgencia, encargó materiales por valor de 644.485 euros para el cuerpo de Bomberos a través de reconocimientos de crédito.

La Fiscalía, en su escrito de acusación elevado al juzgado de Instrucción 4, considera a Fran Fernández como «responsable» del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento cuando, «en fecha no determinada pero inmediatamente anterior» al 15 de mayo de 2007, adquirió de Iturri el equipamiento para ocho vehículos autobomba por 644.485 euros.

La adquisición «se llevó a cabo sin que se incoara expediente administrativo alguno, por lo que no existieron los acuerdos previos del Ayuntamiento» para la adquisición de bienes, «no se formalizaron pliegos de condiciones técnicas, no hubo publicidad para que los interesados concurrieran a la posible compra, y tampoco existió la consignación presupuestaria correspondiente», según especificó el Ministerio Público.

El proceso de contratación se realizó, por tanto, según la Fiscalía, «sin cumplir con los requisitos y formalidades exigidas legalmente relativas a la convocatoria de concurso y adjudicación motivada». El ex edil «adoptó esa arbitraria resolución de adjudicación del contrato a Iturri a sabiendas de que estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento para adquisición y contratación de bienes exigidas por la Ley», lo que se entiende como prevaricación. Por ello, la Fiscalía exige, además del pago de las costas, ocho años de inhabilitación.

 El Sindicato Profesional de Bomberos (SPB), como acusación particular, pidió para Francisco Fernández seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por un presunto delito de malversación de caudales públicos, así como otros diez años de inhabilitación por un posible delito de prevaricación. En estas diligencias también figuró como imputada la ex concejal socialista Nieves Hernández, quien fue exculpada después de declarar ante el juez el 5 de septiembre de 2011.

Fernández, en su comparecencia como imputado, manifestó que las contrataciones irregulares de las que se le acusa fueron fruto de un intento de resolver una «situación de emergencia» por la necesidad de que el servicio municipal de Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios contase con los equipos adquiridos por el Ayuntamiento y, por ello, se saltó el pliego de condiciones, alegando, además, la fuerte presión mediática que sufría el Gobierno municipal de PSOE e Izquierda Unida.
En caso de emergencia, aunque en un primer momento se podría haber omitido cualquier trámite, la normativa exige un acuerdo acompañado de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente. «Nada de eso se hizo», concluyó el juez.

Hernández (sin cargos) y Fernández (imputado) ante el juez
- El Juzgado de Instrucción 4 se ha encargado de la investigación a los ex ediles Francisco Fernández y Nieves Hernández por el reconocimiento de crédito mediante el que el Consistorio adquirió a Iturri materiales por valor de 644.485 euros.-
Fernández, que salvó de toda responsabilidad a Hernández, sostuvo que en 2006 se decidió adquirir vehículos para los Bomberos, que tenían una carestía de medios que hizo que se convocara el «plan de preemergencia». Por esta urgencia, dijo, no se elaboró un pliego de condiciones ni se dictó una resolución previa.
- El juez le imputó prevaricación por dar contratos a dedo con una «ilegalidad flagrante y clamorosa», sin «los mínimos esenciales del funcionamiento de la Administración».
- Tras cerrarse la imputación, el ex edil –ya sin cargo público– dimitió como secretario de la agrupación Julián Besteiro del Distrito Cerro-Amate del PSOE.