El Gobierno ve inconstitucional cobrar a los universitarios de otras autonomías

BARCELONA– Las réplicas a la propuesta que lanzó el secretario de Universidades, Antoni Castellà, no se han hecho esperar. Dos días después de que anunciase la voluntad de cobrar por universitarios que procedan de otras autonomías, emulando el fondo de compensación sanitario, el Gobierno ha puesto en tela de juicio la iniciativa catalana.
Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aseguraron ayer a la agencia Efe que aplicar este sistema puede poner «en peligro»el distrito universitario abierto e incluso puede ser «inconstitucional». Concretamente, remitieron a los artículos 138 y 139 de la Carta Magna, alegando que la iniciativa «vulnera» los principios de «igualdad, de solidaridad y de integridad territorial».

Valencia, Aragón y Baleares
La propuesta de Castellà pasa porque las autonomías abonen el 85 por ciento del gasto de matrícula de sus alumnos si deciden estudiar en Cataluña, mientras que el resto, correría a cargo del estudiante. La Generalitat insiste en aplicar la medida ya que, según sus cálculos, arrastra un déficit de unos 100 millones de euros por hacerse cargo de los 12.500 estudiantes de otras Comunidades Autónomas –especialmente de Valencia, Aragón y Baleares– que estudian aquí, pero desde el ministerio le reprocharon que los alumnos de fuera también contribuyen a la economía catalana, con desembolsos en alquileres, alimentación, transporte o compra de materiales de estudio, entre otros gastos. Desde Universidades aseguran que Cataluña «se haría cargo de los gastos de sus universitarios en otras comunidades», aunque la cantidad de alumnos que estudia fuera es menor que la que recibe. Son 3.500 catalanes los que, actualmente, estudian centros de educación superior de otras autonomías.
A pesar del malestar que la propuesta de Castellà ha supuesto en el resto de autonomías, el secretario reafirmó su postura en la inauguración del Salón Futura. Allí explicó que su propuesta es un fondo interterritorial de compensación entre las Comunidades Autónomas, y lamentó que se haya malentendido por parte de algunos responsables universitarios de otras comunidades.
De momento, el gobierno catalán esperará hasta la próxima Conferencia General de Política Universitaria para plantear al Gobierno su propuesta.