El fiscal apoya que la Audiencia investigue a seis detenidos

MADRID- La Fiscalía de Madrid recurrirá la inhibición de la magistrada de Madrid en favor de la Audiencia Nacional respecto a los 35 detenidos por los altercados producidos el pasado 25-S en las inmediaciones del Congreso. El Ministerio Público sólo apoya que se traslade a la Audiencia en lo que afecta sólo a los seis identificados como los que, presuntamente, intentaron con su actitud entrar en la Cámara Baja.

Por ello, la Fiscalía entiende que corresponde a la Audiencia investigar si incurrieron en un delito contra las instituciones, aunque, a diferencia de la magistrada de Madrid, abre la opción a que se les pueda imputar un delito de intentar entrar en el Congreso «portando armas u otros objetos peligrosos», con la intención de presentar «peticiones» a los diputados. Para los otros 29 detenidos, entiende que la investigación debe continuar en manos de los juzgados ordinarios.

Precisamamente, hoy mismo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará declaración a los ocho presuntos convocantes de la protesta del 25-S, éstos sí imputados por un delito contra las instituciones del Estado. El magistrado acordó la medida después de recibir informes policiales en los que se identificaban a varios participantes en las asambleas donde se organizó la protesta y en los que se analizaba también la difusión de la convocatoria en redes sociales.

El artículo 494 del Código Penal castiga con multa o pena de prisión de seis meses a un año a quienes «promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones» frente al Congreso, Senado o Cámara autonómica cuando sus diputados estén reunidos, pero exige que con esa acción se altere su «normal funcionamiento». Por este motivo, el juez Pedraz ha recabado información –a través de la propia web del Congreso– del diario de sesiones de dicha jornada para comprobar si el desarrollo de la sesión se vio afectado por las protestas que se desarrollaron en las inmediaciones de la sede parlamentaria. Si no es así, el magistrado podría archivar la causa o derivarla a los juzgados de Plaza de Castilla.

Por otro lado, uno de los ocho imputados por promover la protesta presentó ayer en la Audiencia Nacional una querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por «promover y orquestar» los incidentes registrados el 25-S, informa Ep.