La Sala de lo Penal decidirá si el «número 2» de Interior debe declarar por el «chivatazo»

El magistrado ya ha rechazado por dos veces esta diligencia, solicitada por Dignidad y Justicia (DyJ), para aclarar las llamadas entre Camacho y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, en las horas previas al chivatazo que frustró la operación policial desplegada en torno al «bar Faisán» de Irún (Guipúzcoa), donde supuestamente se producían los pagos a ETA del dinero extorsionado a los empresarios.

El pasado viernes, el instructor echó por tierra nuevamente los argumentos de la acusación popular al reiterar que en la investigación «no existe base suficiente» para poder presumir, «con mínima solidez o rigor indiciario», que tales contactos telefónicos «no obedecieran o se ajustaran al normal proceder entre los interlocutores» con motivo, precisamente, «de la responsabilidad que ostentaban». Insiste en que esas llamadas se produjeron el 3 y 4 de mayo de 2006 en el marco «de una operación policial preparada contra el aparato de extorsión de la banda terrorista».

Ruz lo tiene claro. Esos contactos entran dentro de la «lógica y normalidad», sin que existan indicios que permitan aventurar hipótesis «alejadas del normal y habitual proceder» entre los dos altos cargos. En definitiva, y a tenor de estos argumentos, considera «innecesaria» la citación de Camacho como testigo.

Pero la asociación que preside Daniel Portero sigue pensando que esas llamadas deben ser esclarecidas, por lo que recurrirá –previsiblemente esta misma semana– la decisión de Ruz de rechazar la testifical propuesta.