El Supremo escucha a las víctimas de las desapariciones

MADRID- El Tribunal Supremo escuchó ayer por primera vez el testimonio de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Aunque a quien se juzga por prevaricación es al juez Baltasar Garzón, por momentos parecía –a tenor de los testimonios que se escucharon en la sala– que era el mismísimo Francisco Franco quien se sentaba en el banquillo. Los tres primeros testigos que declararon en el juicio pertenecen a asociaciones de Memoria Histórica que recurrieron al magistrado, ahora suspendido, para intentar encontrar los cadáveres de sus familiares desaparecidos.
Especialmente emotivo fue el testimonio de María Martín, una octogenaria enlutada que se acercó al micrófono ayudada de un andador. Con una voz gutural («tengo mal la garganta», se excusó), recordó la última vez que vio a su madre, un 21 de septiembre de 1936: «Se la llevaron a declarar y la mataron por el camino. Yo tenía seis años y dos meses». Setenta y cinco años después, no ha olvidado dónde se encuentra la fosa a la que supuestamente su madre fue arrojada. «Pegada al puente, junto al arroyo, en un ensanche donde luego echaron tres metros de tierra encima», susurraba mientras sus dedos sarmentosos dibujaban el imaginario mapa sobre la mesa.
Al término de su comparecencia, el abogado de la acusación popular, José María Ruiz, intentó reconducir la sesión al objeto del proceso, pero el magistrado Carlos Granados le cortó en seco: «Es el presidente quien decide qué preguntas son pertinentes o no».

«Se llevaron el pan y la sal»
La sala escuchó entonces el testimonio de Pino Sosa, que recordó que la asociación de Memoria Histórica a la que pertenece, de Arucas (Gran Canaria), denunció en la Audiencia Nacional más de 500 desapariciones. «A mi padre se lo llevaron de casa de madrugada –recordó a preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda–, los apalearon, los tuvieron presos. Se llevaron el pal y la sal de nuestras casas».
Por último, compareció ante el tribunal el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, de la pontevedresa asociación de Memoria Histórica de Ponteareas, quien considera «imposible» dar con el paradero de todos los desaparecidos sin la intervención judicial. «Lo que se produjo –enfatizó– fue una cosa terrorífica. Fue un plan sistemático para eliminar a los representantes del Gobierno legítimo de la Segunda República y a quienes lo defendieron». El testigo explicó que la decisión de acudir a la Audiencia Nacional no fue «conyuntural» y que se produjo en el momento en que las distintas asociaciones de Memoria Histórica tomaron conciencia de que «en otros territorios del mundo se habían producido denuncias por hechos similares, mientras que aquí no».

«Persisten las dos Españas»
El filósofo Manuel Reyes Mate, que formó parte de la comisión que elaboró el informe del Valle de los Caídos, dijo ayer que en algún momento este país «tiene que empezar a reflexionar sobre la superación de las dos Españas», porque entiende que es una «exigencia moral». Según dijo durante una mesa redonda en Madrid, la superación de las dos Españas es posible si no se habla de impunidad y siendo muy conscientes de las culpabilidades y de las responsabilidades que hubo.