La Junta obliga a los consistorios a señalar los «lugares de la represión»

Se trata de la segunda medida que toma el Gobierno andaluz para honrar a los represaliados por el franquismo en los últimos meses, después de la indemnización de 1.800 euros para las mujeres que sufrieron vejaciones entre los años 1936 y 1950. Con esta nueva figura las administraciones locales deberán garantizar la identificación, señalización y preservación de lugares en los que los republicanos «sufrieron violencia, persecución o privación de libertad debido al ejercicio de sus derechos o por defender la democracia», señaló Menacho. En el caso de que la propiedad sea privada, la Junta fomentará la firma de acuerdos con las personas o entidades titulares para alcanzar los mismos fines. Sin embargo, no aclaró la posibilidad de articular sanciones si algún ayuntamiento –muchos de ellos gobernados ahora por el PP tras las últimas elecciones municipales– se niega a cumplir la orden.

El consejero, que tampoco detalló partida presupuestaria alguna para este fin, aseguró que la declaración corresponderá al Consejo de Gobierno previo informe «exhaustivo» con documentación sobre el lugar, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas. El procedimiento, por tanto, partiría del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, dependiente de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Informe vinculante
Un grupo de siete expertos estudiará la propuesta y emitirá un informe de carácter vinculante. En el caso de que sea favorable, se remitirá a la comisión interdepartamental, que también deberá pronunciarse. Este órgano incluso podrá proponer la protección de lugar con alguna de las figuras recogidas en la Ley del Patrimonio histórico de Andalucía antes de su paso definitivo por el Consejo de Gobierno.

Los «Lugares de Memoria Histórica» se inscribirán en un catálogo específico de carácter público, que contendrá la documentación de cada emplazamiento. El Comisariado será el encargado de mantener y difundir el registro. La Junta fija un plazo de dos a tres meses desde la primera propuesta hasta su aprobación.