Los padres de la niña de Arriate afrontan el juicio con «rabia e impotencia»

El juicio ha comenzado hoy contra el menor de 17 años que fue detenido como presunto autor de la muerte de la niña, vecina de la localidad malagueña de Arriate, en el Juzgado de Menores número uno de Málaga.

La declaración del acusado ha durado unos cuarenta y cinco minutos y la vista oral se está celebrando a puerta cerrada debido a que el acusado es un menor.

La fiscalía malagueña y la acusación particular, en representación de la familia de la niña, han solicitado ocho años de internamiento para el menor, seguidos de cinco de libertad vigilada por un presunto delito de asesinato.

Los padres de la niña fallecida han asegurado a los periodistas que esperan que "se haga justicia"y, aunque están contentos con que el fiscal y la acusación particular hayan pedido la pena máxima, para ellos, "la pena máxima sería cadena perpetua".

También han relatado que están aguantando porque tienen una niña pequeña: "ella es la que hace que nos levantemos todos los días".

La madre de la niña asesinada, María del Carmen Villegas, ha explicado que intentan "ser fuertes"pero que están "mal, nunca estás preparado para esto".

"El día a día nuestro imagíneselo", ha relatado la madre, "con una niña chica mencionando todos los días a su hermana".

Además, la mujer ha argumentado que "estar dos o tres años encerrado a nosotros no nos va a recompensar de lo que nos queda por vivir; una vida sin ella".

El padre de la menor, Juan Jiménez, ha añadido que su hija no va a salir de donde está, pero que el acusado saldrá "dentro de equis años".

La abogada de la familia, Bárbara Royo, ha subrayado que tiene "un arsenal probatorio suficiente para que el acusado sea condenado finalmente", y ha añadido que, aunque la familia del menor le da "coartada", ella y el fiscal demostrarán que "mienten".

Por otra parte, el abogado del menor, Andrés Gálvez, ha defendido que "hay una cosa aún vigente, que es la presunción de inocencia", por lo que ha pedido que se actúe dentro de esa presunción.

Andrés Gálvez ha apostillado que "todo ciudadano tiene derecho a ser respetado".

Además, el letrado ha opinado que no se pueden cometer determinados excesos, en referencia a la pena solicitada por las acusaciones, que considera excesiva ya que es la máxima que permite la Ley del Menor.

Tras la declaración del menor, ha comenzado la fase testifical en la que está previsto que comparezcan más de una veintena de testigos.