La supresión de ayudas para VPO perjudicará «a 15000 familias»

La decisión del Ministerio de Vivienda de suprimir las ayudas directas para la compra de viviendas de protección oficial perjudicará en Andalucía «a 15.000 familias», según explicó ayer la vicesecretaria del PP-A y portavoz de Vivienda Alicia Martínez. El Gobierno de Rodríguez Zapatero dejará de invertir, según los cálculos de Martínez, «117 millones» lo que afectará a 15.000 inmuebles.

La estimación de Martínez está basada en el propio convenio que en junio de 2009 firmaron los gobiernos central y autonómico para el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. Al día de hoy, con el ajuste anunciado el pasado martes por la ministra del ramo, Beatriz Corredor, su cumplimiento es inviable. Según la portavoz de Vivienda del PP-A en el Parlamento, la supresión de ayudas a la entrada para viviendas de régimen especial se recortarán 80 millones de euros y se verán afectadas unas 10.000 casas.

En cuanto a las viviendas protegidas en alquiler de régimen especial, que tenían una subvención de unos 250 euros por metro cuadrado útil, va a afectar a unas 2.435 viviendas y supondrán unos 25 millones de euros.

Además, por el concepto de urbanización de suelo, los recortes afectarán a 3.000 viviendas y unos seis millones de euros, misma cantidad que se verá damnificada en ventanillas únicas. Al margen del número de afectados de manera directa, la repercusión indirecta será aún mayor en un sector como el de la construcción que ha sido el más castigado por la crisis económica. Martínez cuantificó este impacto en 1.200 millones. En este caso, se apoyó en los datos de las organizaciones empresariales y sindicales: la patronal los ha cifrado de 50.000 empleos menos, los sindicatos estiman que los recortes en vivienda generarán 40.000 desempleados en la región y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) los eleva a 99.000 parados en pymes del sector. Para la vicesecretaria de Relación con las Organizaciones Sociales del PP-A esto constituye una «grave sangría».

Desde la Junta de Andalucía se remitieron otra vez al mes de septiembre para tratar de minimizar el impacto de la decisión del Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, que participó en un acto en Jaén, señaló que será entonces cuando se reunan con el Ministerio de Vivienda para abordar «soluciones alternativas» –fijar niveles de riqueza o pedir una moratoria son las alternativas del Gobierno andaluz–.

Moreno señaló que, en cualquier caso, la Junta «seguirá apostando por la vivienda protegida» a través de los planes propios que tiene en vigor.

Esta lectura no es compartida desde el PP. Alicia Martínez recordó ayer el «fracaso» del pacto de la vivienda suscrito en diciembre de 2007, que planteaba la construcción de 300.000 viviendas protegidas en diez años. Los objetivos se concretaron en el Plan Concertado de la Vivienda y Suelo 2008-2012 que no se están cumpliendo: en 2009 se entregaron las llaves de 9.670 VPO, muy lejos del ritmo de 30.000 al año que habría que seguir para alcanzar la cantidad de 300.000 inmuebles contemplado en el pacto de 2007. Desde el Gobierno andaluz se argumenta que ha habido problemas ante la falta de financiación.


CLAVES
- El Ministerio de Vivienda ha recortado a todas las comunidades autónomas las ayudas directas a la compra de VPO. La prioridad ahora es «el alquiler y la rehabilitación».
- La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, aún no ha dado datos de la repercusión de la medida.
- El PP-A la cifra en 117 millones. Organizaciones empresariales señalan que ocasionará entre 40.000 y 99.000 nuevos desempleados.
- Griñán se ha opuesto de manera pública a la decisión del Ejecutivo central, pero no será hasta septiembre cuando se sienten ambos gobiernos.


A la Administración «por oposición, no por decreto»
Mar Moreno escuchó ayer en Jaén la opinión de un grupo de funcionarios de la Agencia Andaluza del Agua sobre el decreto de reestructuración del sector público empresarial que en la práctica los equiparará a los laborales «puestos a dedo» en las empresas públicas: «Manos arriba esto es un decretazo» o «A la Administración se entra por oposición no por decreto» fueron algunos de sus lemas. La consejera de Presidencia les dijo que se persigue «mejorar el gasto manteniendo el empleo».