Blindaje al chiringuito

Madrid- Más de veinte años separan a la actual ley de costas del anteproyecto que dará a conocer hoy el Gobierno tras el consejo de ministros. Una legislación, la aprobada en 1988, que mantiene en vilo a decenas de miles de viviendas y a 45.000 trabajadores de chiringuitos, afectados esencialmente por el artículo 23.1: el límite de separación se sitúa 100 metros tierra adentro desde la ribera.

Con todo, el caso de los hosteleros parece que se solventará hoy. Así lo confirma la reunión celebrada esta semana entre Pedro Saavedra, director general de Costas, y la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV). Y es que la ley «va a garantizar la seguridad de las inversiones en las infraestructuras realizadas por los hosteleros», apunta Federico Millet, vicepresidente de la FEHV. Así, los empresarios no estarán sujetos a «cambios en las reglas del juego» que perjudiquen sus inversiones. Por ello, han destacado la «buena sintonía» entre los hosteleros y el Ministerio de Medio Ambiente. Y, por encima de todo, un concepto que les tranquiliza: seguridad jurídica.

Protección
Hosteleros que asistieron a la reunión con Saavedra apuntan a otras posibles novedades. El texto posibilitará que, en aquellas playas «en las que no se comprometa la protección medioambiental, se estudie y autorice» la construcción de terrazas que superen los 50 metros cuadrados dentro de la playa, que es el límite que depara la actual legislación. Además, dicen, la ley podría «exigir» un compromiso de los hosteleros con la conservación, de tal forma que sean «vigilantes» del impacto medioambiental que podrían causar: no servir envases de vidrio, pedir responsabilidad a los clientes, etc. Además, los hosteleros creen que el texto tratará de «incentivar el turismo en las costas» promoviendo las autorizaciones temporales en la instalación de chiringuitos, una manera de atajar el exceso de trabajo que se produce durante estas fechas. De esta forma, calculan los empresarios, se generarían alrededor de 100.000 puestos de trabajo.

Prórrogas
Otro asunto clave en el que podrían anunciarse novedades es en lo que respecta a las concesiones. Como indica Norberto del Castillo, presidente de la Asociación de Empresas de Playas de Málaga, los hosteleros «esperan» que se alarguen las concesiones de los chiringuitos. «Con la ley de 1988, el límite eran 15 años de concesión. Y a partir de ahí, en Andalucía estamos con prórrogas de año en año», explica Del Castillo. Algo que causa un «perjuicio económico enorme, y que no nos permite hacer ningún tipo de planificaciones futuras». De hecho, los empresarios se han visto obligados a hacer «simplemente los cambios más básicos, los obligatorios, como los que afectan a la instalación eléctrica».

Del Castillo cree que esta ley va a suponer apenas «pequeñas modificaciones», pero las suficientes como para «dignificar» unas instalaciones que suponen «un motor para el turismo». «Le pese a quien le pese, España es un destino de sol y playa», sentencia el empresario.
Fuera ya de lo que supone el chiringuito, se espera que el anteproyecto que se anuncia hoy alargue las concesiones, que finalizan en 2018, de aquellas casas construidas en el dominio público marítimo-terrestre –primera línea de playa–.

Sin embargo, un caso aparte –al estar en manos de los tribunales– es el del célebre hotel de El Algarrobico, ubicado en Carboneras (Almería) y cuya construcción lleva paralizada desde 2006 por orden juidicial. El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo consideró que el Ayuntamiento del municipio «debió proceder a revisar el plan parcial» después de la orden ministerial que, en 2005, amplió a 100 metros la zona de protección en el litoral. Ya el pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó una sentencia por la que anula el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar del 2008 y restablece el paraje donde se asienta el hotel como «espacio protegido no urbanizable». El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra.



Con la caña y la tapa en la orilla
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una medida pionera en su sector. A partir de ahora, los 18 chiringuitos que operan en las playas de la Ciudad Condal –10 entre los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí–, gozan de licencia para vender sus productos hasta en la misma línea del mar. Con esta medida, el Consistorio pretende alejar a los vendedores ambulantes e ilegales, además de dar un impulso al negocio y al empleo. Hasta ahora, doce establecimientos han saludado con entusiasmo la iniciativa, que exige tres condiciones: mantener los precios de la barra, servir los productos en envases de plástico e identificar a los camareros para que no se confundan con los populares «lateros».

En primera persona
Santiago Gómez/Hostelero de la playa de la Malvarrosa
«La ley nos creaba mucha inseguridad»
Santiago es el propietario del Restaurante Casa Isabel, situado en la valenciana playa de La Malvarrosa. Debido a la actual ley de costas, su local sólo dispone de una terraza de 50 metros cuadrados situada en la playa. «No te creas que da para mucho, apenas ocho o diez mesitas», comenta. Y es que «tampoco queremos 300 metros: con 150 nos vale», asegura. De hecho, estiman que pierden ingresos por la situación actual. «Calcula que el turismo se alarga hasta octubre gracias al clima», comenta. Para Santiago, así como para muchos hosteleros de la Comunidad Valenciana, «el problema de la antigua ley de costas es que no aplica los mismos y estrictos criterios a todas las playas, lo que provoca que sea incompatible». Además, considera que ha dado pie a «un problema gravísimo: muchos extranjeros, sobre todo ingleses, han dejado de comprar propiedades privadas junto al mar», debido a que «ha creado mucha inseguridad jurídica». No en vano, «sólo hay que leer en los periódicos ingleses cómo lo han desaconsejado». Y eso «ha ido contra la inversión». No en vano, la «seguridad jurídica» que desprende la nueva legislación es algo que les tranquiliza.