Ginebra
La ONU preocupada por los derechos humanos en Francia
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, criticó duramente la expulsión de gitanos rumanos puesta en marcha por el Gobierno de Sarkozy.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció hoy la expulsión de gitanos en Francia, la matanza de emigrantes en México y ciertas leyes contra el terrorismo de EEUU, como situaciones de especial preocupación en materia de derechos humanos.
"Señaló las nuevas políticas de Francia hacia los gitanos, incluido el desmantelamiento de sus asentamientos y las deportaciones colectivas hacia su país de origen. Esto sólo puede exacerbar el estigma de los romanís y la extrema pobreza en que viven", dijo Pillay, al inaugurar hoy en Ginebra la décimoquinta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También destacó como preocupante "la situación de los emigrantes que salen de México o transitan por México", a la luz de la matanza de 72 de ellos aparentemente por el crimen organizado.
Aunque reconoció que "el Gobierno de México ha hecho fuertes esfuerzos para acabar con el creciente clima de violencia", le instó a "llevar a cabo una investigación profunda, transparente e independiente de estos crímenes".
Y un tercer motivo de preocupación que destacó Pillay fue la práctica de EEUU de autorizar "asesinatos selectivos de sospechosos de terrorismo en circunstancias que desafían las normas internacionales establecidas para proteger el derecho a la vida y el imperio de la ley".
Pillay se refería a la autorización dada a la CIA para ejecutar de forma extrajudicial a ciudadanos estadounidenses fuera de zonas de conflicto, una práctica de la Administración Bush asumida por el Gobierno de Barack Obama.
La alta representante de la ONU se refirió igualmente, en su discurso de apertura de la sesión, a las continuas amenazas a la vida y a la seguridad que afrontan, en todas las regiones del mundo, los defensores de los derechos humanos, periodistas, y activistas de la sociedad civil.
"Disidentes pacíficos, abogados de derechos humanos y representantes de la prensa han sido víctimas de ataques en países como Irán, Irak y Somalia", dijo Pillay.
Guatemala, México y Serbia son otros de los Estados citados por Pillay donde "las instituciones estatales parecen haber sido incapaces de responder a los ataques contra defensores y activistas".
También -agregó- han sufrido asaltos y amenazas en lugares como Angola, la República Democrática del Congo y Zimbabue.
"En Israel, activistas pacíficos han sido heridos o arrestados por protestar contra la construcción del muro en los territorios palestinos ocupados. Y en la franja de Gaza, las autoridades de facto (Hamás) han cerrado las organizaciones de la sociedad civil", agregó la alta comisionada.
Francia se defiende
Francia se defendió hoy ante la ONU y aseguró que las medidas adoptadas "se inscriben estrictamente en el respeto a las leyes francesas y de la legislación europea".
"Las autoridades francesas nunca han estigmatizado a personas pertenecientes a una minoría en función de su origen. No hay un 'problema romaní', sino unos ciudadanos europeos más desfavorecidos que otros, que tienen dificultades de inserción y que merecen una atención particular", afirmó el embajador francés ante la ONU en Ginebra, Jean-Baptiste Mattéi.
El embajador galo aseguró que "las medidas que se adoptaron se inscriben estrictamente en el respecto a las leyes de la República Francesa y de la legislación europea".
"Las instalaciones que fueron desmanteladas eran ilegales y su desmantelamiento se hizo sobre la base de decisiones adoptadas con total independencia por el poder judicial", insistió.
Igualmente, afirmó Mattéi que "con el fin de responder al estado de extrema precariedad económica que caracteriza a la mayoría de estas personas, entre ellas ciudadanos búlgaros y rumanos que se declaran de origen gitano, se le propuso a cada uno el beneficio de una ayuda de regreso humanitario, es decir, una ayuda a la reinstalación en su país de origen".
El embajador dijo que las autoridades francesas están convencidas de que debe llevarse a cabo una política para promover la integración social y económica de los romanís, "y en ese espíritu trabajamos con los países de origen y otros países de la Unión Europea".
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