La jueza duda de la cifra de ERE falsos de la Junta y la acusa de no colaborar

Sevilla- Ni transparencia, ni total colaboración, ni mucho menos anticipación a la Justicia. La Junta de Andalucía no ha remitido al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla toda la documentación solicitada y su titular, Mercedes Alaya, se ha cansado: en un auto emitido el martes y al que ha tenido acceso este periódico, da 48 horas para que le envíe todos los expedientes solicitados, le informe sobre los organigramas de las consejerías intervinientes en los ERE desde el año 2000 y le aclare por qué no se asumieron las recomendaciones de la Intervención General de Hacienda que advirtió de que la fórmula elegida para financiar las prejubilaciones prescindía «de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en el artículo 107 de la Ley 5/1983 de la Hacienda Pública de Andalucía».

Se trata de dos autos emitidos el 11 y el 21 de marzo. Ambos evidencian que la actitud del Ejecutivo de José Antonio Griñán ha sido la contraria a la que ha predicado hasta la fecha. En el primero denuncia que la documentación recibida es «a todas luces incompleta e insuficiente para que se puedan deducir de la misma las irregularidades enumeradas». Es en éste dónde ya pone en duda la investigación interna que estaba realizando la Consejería de Empleo para detectar a los intrusos en los ERE. La instrucción no se explica «por qué en relación a la empresa Saldauto se señalan a 3 intrusos, cuando en realidad de la documentación recibida y según consta en el anexo de la póliza nº3603 de Apra Leven, salvo que exista otra documentación que demuestre lo contrario, el número de intrusos indiciariamente se elevaría a 8». En Surcolor se señala «a dos falsos trabajadores» cuando «aparece que son 11». La «chapuza» es mayor, porque en otra empresa, Bonpunt, se señala a un trabajador como ajeno a la sociedad cuando estaba dado de alta desde 1 de junio de 1979; o en Hitemesa sólo se señala a una empleada, cuando el atestado policial encontró hasta cinco casos.

El 11 de marzo también se le reclamó al Gobierno andaluz el organigrama de todas las consejerías que intervinieron en la aprobación de los ERE –Empleo, Economía y Hacienda e Innovación–, así como el de los entes instrumentales –IFA e IDEA– y la Intervención General. Solicita explicaciones por cantidades libradas por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y que no se corresponden con el número de trabajadores supuestamente beneficiarios. En unos casos, la cifra es mayor –casi 2 millones para 18 empleados–, y, en otros, menor –300.000 para 12–.

El auto del 21 de marzo es demoledor. Aprecia «falta de colaboración por parte de la Junta a la hora de dar cumplimiento al mandato de este juzgado» y le da «48 horas» para el traslado de la documentación. Entre las solicitudes, le exige que aclare por qué no se hizo caso a los informes de la Intervención General y de las «verdaderas razones que se conozcan para no haberlos emitido cuando ello supone un incumplimiento flagrante del Decreto 9/1999».

Pide copia compulsada de las actas del consejo de Gobierno desde 2001, de todos los consejos de dirección de las consejerías afectadas y los informes de auditoría de los entes a través de los que se han pagado las prejubilaciones. El límite, 48 horas.