La Junta exige 201 millones al Estado ante los tribunales

Valladolid- Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León han interpuesto, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un recurso contencioso administrativo contra la liquidación que hizo el Gobierno de sus cuentas con la Comunidad en 2009. El origen de esta reclamación es la aplicación del sistema de financiación autonómica y le reclama 201, 6 millones de euros.
Este recurso es clave, según explicó a Ical la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, dado que se consideró, en el modelo de financiación vigente, el 2009 como año base para su aplicación en los años siguientes, por lo que una modificación al alza en las cuentas de ese año supondría una mayor liquidez en los ejercicios posteriores.
Concretamente, la Junta discrepa con el cálculo del fondo de suficiencia global, que se incluye en el sistema aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De acuerdo con ese modelo, la Comisión Mixta de Transferencias hizo un cálculo sobre los ingresos correspondientes a 2007, cuando cerró definitivamente la liquidación de ese ejercicio, aprobando y firmando una cantidad concreta: 1.285,6 millones de euros. En 2009, lo recibido por Castilla y León a partir de ese epígrafe fueron 1.084 millones de euros.

Compromiso roto
Sin embargo, la Ley de financiación autonómica actual, así como toda la normativa anterior -además del Estatuto de autonomía castellano y leonés, en su caso- garantizan que ninguna comunidad autónoma puede recibir por el mismo concepto menos dinero que en el modelo anterior. «Creemos que el gobierno no ha respetado este principio y ha rebajado la cantidad que le correspondía a Castilla y León», asegura la consejera Del Olmo.
Según la liquidación de ese año, la Comunidad debía devolver al Estado 1.439,2 millones de euros que había ingresado en sus arcas y que no le correspondían por la evolución económica. De este modo, la «deuda» bajaría en más de 200 millones de euros.
La trascendencia de conseguir lo que plantea el recurso es evitar lo ocurrido, esto es, que si el Gobierno disminuye la base de cálculo, los ingresos que lleguen a la Comunidad todos los años serán menores, de manera que si se aumenta en esos 201 millones, Castilla y León deberá recibir más recursos en los años sucesivos.
Del Olmo considera que, a partir de ahora, habrá que recurrir todas las liquidaciones de financiación autonómica hasta que haya una sentencia en este sentido.

«Mi obligación es defender a Castilla y León»
Aunque la liquidación de 2007, a partir de la cual el Gobierno reinterpretaba la Ley de Financiación, correspondió a un Ejecutivo socialista, el recurso ha sido interpuesto con Rajoy en La Moncloa, algo que, dice Pilar del Olmo, «no importa, porque mi obligación es defender los intereses de Castilla y León».