Anticorrupción no ve delito en el alquiler del ático de González

Madrid- La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado de plano la denuncia que presentó el pasado 24 de abril el Sindicato Unificado de Policía por presuntos hechos delictivos relacionados con la compraventa del ático de Marbella que tiene alquilado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

La decisión del Departamento dirigido por Antonio Salinas se produjo ayer mismo, tras haber analizado los hechos denunciados y practicado las diligencias consideradas oportunas.
El SUP ponía en conocimiento de la Fiscalía que de sus «informaciones» se desprendían datos de que se podrían haber «producido hechos delictivos, tanto por el origen del dinero como por la clara ocultación de la verdadera identidad del propietario, así como por la ocultación total ante Hacienda Pública, Banco de España y demás organismos que deben regular el movimiento de capitales en el territorio nacional». Anticorrupción, en cambio, concluye que no hay indicios de que hubiesen cometido esos delitos.

El número 2 de Esperanza Aguirre ha sostenido y demostrado en todo momento que esa vivienda no es de su propiedad, sino que la tiene en régimen de alquiler y que paga al propietario «conforme a lo estipulado» en el contrato suscrito.

De hecho, el pasado 22 de marzo, en el transcurso de una rueda de prensa, el dirigente del PP presentó los documentos con los que cuenta y que vendrían a acreditar que tiene un contrato de arrendamiento con Coast Invetors, al que paga trimestralmente el alquiler del piso. También presentó en público las transferencias bancarias al respecto y una escritura de compraventa ajena a su persona, entre un empresario asturiano y un americano.

«Que se diga cuándo y dónde»
«Si alguien dice que el piso es mío, que enseñe una escritura de mi propiedad, si hay alguien que dice que me lo ha vendido, que diga cuándo, dónde, qué día, ante qué notario, pero lo que dicen lo tendrán que acreditar», insistió en esa comparecencia pública el vicepresidente madrileño, quien recalcó su exigencia de que «todo se acredite». También aludió a la posibilidad de iniciar acciones legales por las acusaciones.

Las «irregularidades» que ya denunció LA RAZÓN
El pasado 13 de abril, LA RAZÓN publicaba algunas de las irregularidades cometidas en la investigación al número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González. Fuentes consultadas aludieron a que se hubiese prolongado durante seis meses y que en ningún momento, se diese cuenta alguna de ello ni a la Fiscalía ni al juzgado correspondiente. Si no se informó de ello a quienes son los competentes de realizar la investigación judicial es por la sencilla razón de que los agentes, pese a todo el tiempo dedicado, no encontraron indicio alguno de delito, ya que, en ese caso, estarían obligados a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o fiscal. Una segunda irregularidad podría derivar en que no se documentó oficialmente ninguna de las diligencias practicadas. Cualquier actuación policial debe constar por escrito, con las firmas, en su caso, del instructor y del secretario de la misma. Nada de lo que realiza oficialmente la Policía puede quedar en el «limbo», es decir, con la apariencia de que no se llevó a cabo.

De esta forma, se habría actuado «sin seguir lo que establece el protocolo de al Policía» en este tipo de supuestos.