Delito fiscal
El despiste de la edil de Castro
No sabía que la cooperativa a la que le adjudicó una obra municipal tenía como presidente a su marido, como tesorera a su madre y como secretario a su padre. Ésta fue la defensa que realizó ayer la concejal de Obras de Getafe, Cristina González, en su declaración como imputada por la adjudicación en 2007 de la construcción y explotación de un parking de 461 plazas a la empresa «Jilguero 2005. Sociedad Cooperativa Madrileña».
Según fuentes judiciales, la concejal de Obras de Pedro Castro alegó ante el juez que cuando votó a favor de la concesión no sabía que su marido, Miguel Vieito Aguado, y sus padres, Gabriel González y Alsira Álvarez , ejercían cargos de responsabilidad en la sociedad beneficiaria. Afirmó incluso que se enteró a través de la prensa de que la persona con la que comparte techo presidía la cooperativa, así como de que su padre y su madre –ambos viven también en Getafe– eran el secretario y la tesorera, respectivamente. Aseguró también, según estas mismas fuentes, que cuando votó a favor de la cooperativa de su familia (tanto en la adjudicación como en la ampliación del plazo de concesión) no sabía que lo hacía en beneficio de sus parientes, que sólo sabía que querían una plaza de aparcamiento.
«Jilguero 2005. Sociedad Cooperativa Madrileña» se creó en 2005, se registró en 2006 y en julio de 2007 se presentó al concurso del Ayuntamiento de Getafe para construir y explotar un aparcamiento en el municipio. Los beneficios iban a superar los 3,5 millones de euros.
A raíz de la denuncia interpuesta por el portavoz del PP de Getafe, Carlos González, el Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe investiga si la edil cometió un delito administrativo. Y es que la Ley de Procedimiento Administrativo obliga a los cargos públicos a abstenerse en los asuntos que implican a familiares.
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