Una señal de tráfico abre el litigio del Estado contra La Línea por el «peaje»

El Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de La Línea de instalar una señal de prohibición de giro que obliga a los camiones a acceder a Gibraltar por la N-351 junto con los turismos cuando, hasta ahora, entraban por la vía municipal.

Entiende la Abogacía del Estado, en un recurso al que ha accedido LA RAZÓN, que la decisión del Ayuntamiento «perjudica competencias estatales» y pide la «suspensión cautelar provisionalísima» del acuerdo municipal. Entiende que la «gravedad de la infracción» produce, entre otras consecuencias, la «vulneración a la vida y a la integridad física» –recogidos en la Constitución– «puesto que al unificar en un solo acceso a Gibraltar turismos y camiones circularán en las mismas colas los vehículos que transporten mercancías peligrosas con los turismos». Sin embargo, el fin último del recurso es el rechazo a la tasa de descongestión que proyecta el Ayuntamiento de La Línea para el acceso a Gibraltar y por eso depliega un armazón legal en contra a lo largo de toda su exposición. La señal de tráfico sólo es la espoleta del conflicto.

Así las cosas, alega la Abogacía del Estado que el cambio de señalización es una «nueva medida preparatoria de la aprobación de la futura tasa». «Con ello –continúa– parece pretenderse tener ya unificada la línea de acceso de todo tipo de vehículos». Por ello, esgrime la Abogacía el «derecho a la libre residencia, libre circulación por el territorio español y libre entrada y salida de España» contenidos en la Constitución. Y alega que la futura tasa pretende «una especie de aduana interior, institución de origen medieval ya superada». Asimismo, se ampara en la Ley de Haciendas Locales para dejar constancia de que «prohíbe que se establezcan tributos municipales que supongan un obstáculo a la libre circulación de personas, mercancías o servicios». Unos derechos que «sólo pueden regularse por Ley». De ahí que el escrito señale que «la corporación actúa fuera de su ámbito competencial, invadiendo el del legislador estatal y comunitario». En suma, entiende la Abogacía, refiriéndose directamente al «futuro peaje» y no al hecho puntual de la señal de tráfico, que lo que pretende el Ayuntamiento es «una medida de otro ámbito completamente distinto –al circulatorio–, el tributario». El Ayuntamiento tiene previsto alegar. Hasta que se pronuncie el juzgado, mantendrá la polémica señal que instaló el sábado como respuesta a la priorización de los vehículos de Gibraltar en la Verja marcada por Fomento ese día.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró ayer que el recurso es «un paso más en el ataque del Gobierno y del PSOE a la Línea». En este sentido, le reprochó al Gobierno su indulgencia con Gibraltar en relación a los rellenos en la Bahía de Algeciras sobre los que informó el lunes este diario. La Junta dice no tener constancia de dichos rellenos y que informará al Gobierno cuando llegue el momento.


Adelanto de 2,5 millones
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, criticó ayer la tasa que el Ayuntamiento de La Línea quiere instaurar para entrar en Gibraltar y anunció que el Consejo de Gobierno andaluz ha adelantado 2,5 millones de euros al Consistorio. El anticipo a cuenta, un «compromiso» de la Junta, servirá para mejorar la situación financiera del Ayuntamiento linense y para pagar las nóminas de sus trabajadores ante las dificultades económicas que están pasando, indicó Moreno. Con la tasa de descongestión se estima que la Línea recaude en torno a 30 millones de euros.