El TC mantiene suspendida la potestad de la Xunta en las fusiones

MADRID- El Tribunal Constitucional (TC) levantó ayer la suspensión cautelar de siete preceptos de la ley gallega de cajas, pero la mantuvo en otros tres, entre ellos la que exige la previa autorización de la Xunta a cualquier fusión en la que participen Caixanova o Caixa Galicia. La resolución del Pleno del Tribunal Constitucional llega en un momento en el que las dos cajas, en lugar de crear un Sistema Institucional de Protección (SIP), optaron por una fusión tradicional con la que crearán una gran entidad gallega, con 77.480 millones de activos. Esta operación está aprobada por el Banco de España y recibirá una ayuda pública de 1.162 millones de euros.En un auto publicado ayer, el TC ha decidido revisar, a petición de la Xunta y el Parlamento de Galicia, la suspensión cautelar que acordó el pasado 18 de febrero, con anterioridad a que expirara el plazo de cinco meses que establece la ley, informa Efe.Los magistrados mantienen la suspensión de algunos preceptos al de la norma al asumir los argumentos que había dado la Abogacía del Estado, que defendía que la respuesta a una situación de gravedad para el sistema financiero y para los ahorros de los clientes de una institución «precisa de medidas inmediatas y eficaces que eviten el pánico». A su juicio, estas medidas se podían ver dificultadas si se exigía la autorización autonómica de la Xunta como paso previo a cualquier decisión acordada por el Banco de España para reforzar la solvencia de una caja gallega, entre ellas la opción de crear una alianza bajo un SIP (Sistema Institucional de Protección). «En una situación de crisis de las cajas resulta imprescindible que la legislación estatal básica en la materia encuentre una inmediata aplicación sin obstáculos, pues la urgencia en la adopción de decisiones resulta de capital importancia para evitar la inestabilidad de los mercados financieros», argumenta el TC.También mantiene la suspensión de otro precepto similar, ya que explica que la intervención autonómica previa puede llegar a «interferir o impedir» la constitución de un SIP, «con el consiguiente perjuicio para los intereses generales, vinculados a la garantía del sistema financiero nacional».El 9 de febrero, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió promover un recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega de cajas, que supuso la suspensión cautelar de la norma por el TC.

Mesa laboral de las cajasLas cajas gallegas y los sindicatos constituyeron ayer la mesa laboral que negociará las condiciones de la fusión y en ella se plantearon las prejubilaciones del personal como «solución estrella», si bien se contemplan otras como la suspensión de contratos temporales o las bajas incentivadas. Así lo indicaron representantes de CCOO, CIG y CSICA al término de la reunión, que se prolongó durante tres horas. El secretario general de UGT en Caixanova, Jose Ramón del Pliego, anunció que este sindicato llevará a los tribunales la constitución de la mesa laboral porque «no se adapta al Estatuto de los Trabajadores», así como la situación de los órganos de gobierno de las cajas por «bordear la legalidad» que las regula.