Ahora Bolivia por Cástor Díaz Barrado

Parece que no son buenos tiempos para las empresas españolas que decidieron, hace unos años, localizar parte de su actividad e invertir en países latinoamericanos, precisamente en estos momentos en los que se pueden obtener más beneficios por el crecimiento económico que tiene lugar en el espacio latinoamericano. Después de la abrupta decisión del Gobierno argentino en relación con la expropiación de YPF y, en consecuencia, afectando a los intereses de Repsol, hemos visto la «suave» posición del Gobierno boliviano de nacionalizar la filial de Red Eléctrica de España. Es verdad que las formas en ambos casos han sido distintas pero el fondo es el mismo así como los argumentos y tengo la impresión de que las consecuencias en uno y otro caso no pueden variar mucho. La defensa de la soberanía energética y los criterios de identidad están en la base de las posiciones que han asumido estos Estados latinoamericanos y mucho hay que temer que esos argumentos puedan utilizarse de nuevo en otros casos. A pesar de los anuncios que se produjeron en los primeros días en que se tuvo noticia de la posición argentina sobre Repsol, la respuesta de las autoridades españolas ha sido tímida o, por lo menos, no ha calado en la opinión pública. Los españoles no parecen ser conscientes de que se hayan adoptado medidas frente a una decisión que fue calificada, con razón, de arbitraria e injusta. Y en el caso de la decisión de Bolivia se ha intentado, por todos los medios, separarla de la decisión argentina, a pesar de que las primeras palabras del Gobierno de Evo Morales de que asumiría una justa indemnización se mueven, hoy, en la incertidumbre. Pero si las reacciones del Gobierno español dan la impresión de que no han sido tan claras y contundentes como cabía esperar, lo que sí ha sucedido es que España, en el fondo, se ha quedado sola en esos asuntos. Ni sus aliados de la Unión Europea han prestado la debida atención a los avatares de las empresas españolas y se han limitado a emitir puras declaraciones retóricas ni, por supuesto, los Estados Unidos han acudido al auxilio de España. Únicamente esta desatención de nuestros aliados explica el «alborozo» político argentino y la «calmada satisfacción» política de los bolivianos. Si queremos detener esta sucesión de nacionalizaciones y expropiaciones, además de que el Gobierno español debe movilizar su diplomacia, tiene que exigir a sus socios europeos y al Gobierno norteamericano una justa correspondencia con lo que es nuestro buen comportamiento en política exterior con estos estados.