El Gobierno se plantea hacer públicos los bancos que más desahucian

MADRID- El Gobierno asume que necesita hacer algún movimiento «urgente» para responder al problema social de los desahucios. La comisión «ad hoc» presidida por el Ministerio de la Presidencia, y con participación de Justicia y del área económica del Ejecutivo, trabaja, de hecho, bajo ese imperativo, según confirman fuentes oficiales. En Moncloa son conscientes de que la opinión pública demanda sensibilidad y que no es sostenible la contradicción entre ayudar con fondos públicos a las entidades financieras mientras da la sensación de que los poderes públicos miran para otro lado ante el drama social de familias sin recursos que están quedándose en la calle porque no pueden pagar la hipoteca de su viviendas. La presión socialista actúa además como un importante acicate para acelerar la respuesta.

Desde el Gobierno advierten de que hay que tener en cuenta que no todos los desahucios son provocados por ejecuciones hipotecarias; y que tampoco todos los procesos de ejecución hipotecaria terminan en desahucios. Además, la revisión de la normativa actual y de la aplicación del Código de Buenas Prácticas aprobado a principio de Legislatura se está haciendo sobre la línea roja de centrar el «tiro» en buscar soluciones para los casos de familias inmersas en procesos de ejecuciones hipotecarias y que no tienen otra vivienda en la que residir. «Ésta es la prioridad y sobre esto hay que centrar todas las actuaciones. Sin confundir, porque no todos los desahucios están afectando a gente que necesita esa vivienda para vivir», precisan las fuentes consultadas. Dentro de esa «confusión», desde el equipo económico del Gobierno citan, por ejemplo, un reciente caso de un suicidio de un desahuciado para precisar que no fue por problemas con su banco, sino por «una disputa de sucesión familiar».

 En cualquier caso, la comisión del Gobierno trabaja con urgencia sobre distintas propuestas, entre las que están actuaciones para incrementar la transparencia. Por ejemplo, publicar la lista de entidades financieras y su número de desahucios. Dicen en medios gubernamentales que están convencidos de que una medida como ésta tendría «una reacción inmediata» por parte de los bancos por el coste para la imagen de su marca ante la ciudadanía.

Ya existe una comisión encargada de monitorizar la aplicación del Código de Buenas Prácticas Bancario y que tiene entre sus obligaciones evaluar el cumplimiento del Código de acuerdo con el artículo 6.4 del Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin recursos. La integran cuatro miembros: uno en representación de la Asociación Hipotecaria de España; otro nombrado por el Banco de España; otro nombrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y otro designado por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. La publicación de su obligado informe semestral podría ser muy útil a la hora de aumentar la presión sobre las entidades financieras utilizando la herramienta de la transparencia.

La comisión «ad hoc» creada ahora por el Gobierno estudia también otras iniciativas como impulsar, imponer, el arbitraje –que en la actualidad apenas se utiliza– previo al embargo. Entre otros, de él podrían encargarse las Oficinas del Consumidor de las comunidades autónomas. O actuar contra los «subasteros, instalados como una lacra en los juzgados», precisan fuentes del equipo económico. En el plano legal, entre las medidas en estudio está la de elevar el nivel de renta familiar sobre el que se puede aplicar la medida excepcional de quitar la vivienda.

Evidentemente, el Ejecutivo se siente más concernido por las entidades nacionalizadas, es decir, con capital público mayoritario. Y ahí es donde más quiere «apretar». E insiste en su disposición a llegar a un acuerdo con el PSOE, que la semana pasada ya presentó en el Congreso una iniciativa para tomarle la delantera en una cuestión tan delicada socialmente como ésta. Ayer el principal partido de la oposición volvió a urgir al Gobierno a cerrar «un acuerdo rápido» sobre la base de su proposición de ley. Dentro del rifirrafe dialéctico, el PP contestó que está dispuesto a negociar, especialmente con el PSOE, la adopción de medidas «que nunca se han tomado» para frenar los desahucios, según precisó el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano. Pero lo importante no son las palabras, sino lo que pueda llegar a cocerse entre las bambalinas del Gobierno bajo la presión del sector financiero. El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, instó a reformar la Ley Hipotecaria para corregir sus «disfunciones».