Bono acaba con el derecho a la pensión máxima de los diputados

Se acabaron los privilegios. Las Cortes Generales cierran el grifo, y diputados y senadores tendrán que cotizar los mismos años que el común de los mortales para tener derecho a la jubilación. A partir de ahora, ya no bastará con ocupar un escaño durante once años para recibir la pensión máxima de la Seguridad Social, ni tampoco habrá «finiquito» al término del mandato salvo para aquellos que no tengan trabajo remunerado. Cinco años después de la aprobación por unanimidad del privilegiado y controvertido Reglamento de Pensiones para parlamentarios, el presidente del Congreso ha decidido impulsar una reforma del estatus del diputado para acabar con privilegios y hacer del Parlamento español uno de los más transparentes de Europa. La iniciativa llega después de que Mariano Rajoy sorprendiera a propios y extraños el pasado enero pidiendo la supresión del actual régimen de pensiones y tras varias propuestas fallidas en la misma línea de la diputada de UPyD, Rosa Díez. Pero ha sido Bono el que más interés ha mostrado en impulsar la reforma. Así que, por fin se elimina el llamado complemento de pensión aunque sin carácter retroactivo, y también el pago de la Seguridad Social a cuenta del erario público para que el ex parlamentario pudiera completar el periodo de cotización necesario para tener derecho a pensión. Igualmente, se suprimirán las ayudas por fallecimiento del parlamentario en favor de su cónyuge y sus hijos menores de 25 años.
Los cambios no quedan ahí, ya que la intención de Bono es restringir al mínimo las posibilidades de compatibilizar el escaño con actividades profesionales. Dicho de otro modo: que la dedicación al Parlamento sea exclusiva, como establece la Ley Electoral. La propuesta pasa también por abrir el Registro de Intereses de la Cámara para permitir que se conozcan no sólo las actividades de los parlamentarios, sino también su declaración de bienes y renta.
Los presidentes del Congreso y el Senado informaron ayer de los cambios a la Mesa de las dos Cámaras, reunidas en sesión conjunta, y a los portavoces de los grupos parlamentarios de cada Cámara, que tendrán que dar ahora el visto bueno. El contenido del Registro de Intereses tendrá carácter público con el fin de que las actividades, rentas y bienes de sus señorías sean conocidos. El asunto no es baladí, ya que requiere una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que implica mayoría absoluta. Pero no habrá problema. Siguiendo el consejo de Bono, los grupos parlamentarios firmaron ayer una proposición de ley conjunta para modificar un inciso de esa norma que permitirá abrir el registro. La iniciativa se tramitaría por procedimiento de urgencia y en lectura única con el fin de que, antes de agosto, las Mesas modifiquen su acuerdo de diciembre de 2009 para que, a la vuelta del verano, las páginas web de las Cámaras contengan las declaraciones de bienes y rentas de los parlamentarios.