Derrota de la reforma laboral

Es posible que el decreto laboral aprobado ayer por el Consejo de Ministros sirva a los propósitos de Zapatero ante Bruselas, donde hoy se enfrenta a un doble compromiso: poner punto final a la Presidencia española de la UE y someter sus reformas económicas al examen de las autoridades comunitarias, segundo en una semana. Tras el recorte del déficit y la reordenación del sistema financiero, el presidente español se había comprometido a completar los deberes flexibilizando la legislación laboral. Sin embargo, y aunque el decreto introduce una tímida liberalización, dista mucho de responder a los cambios que necesitan la economía española y su depauperado mercado de trabajo. Más que la reforma profunda y amplia de una normativa que lleva treinta años sin tocarse, el Gobierno se ha limitado a aplicar un par de brochazos para abaratar el despido de los nuevos contratados. Así, las dos medidas más destacables son la generalización del contrato con un despido de 33 días por año trabajado (en vez de los 45 actuales) y la simplificación de las exigencias para que una empresa en situación negativa pueda despedir e indemnizar con sólo 20 días por año trabajado. Una tercera medida complementaria establece que el Fogasa (organismo estatal que se nutre de las cuotas empresariales) se hará cargo del pago de 8 días de los despidos. Si bien es cierto que sobre el papel las empresas en dificultades podrán desprenderse más fácilmente de sus plantillas, lo cierto es que, a falta de mayor concreción, será el juez quien decida la cuantía de la indemnización, por lo que, a tenor de lo que es la práctica habitual de las magistraturas de Trabajo, se debe acoger con escepticismo la eficacia de esta reforma. Por lo demás, la esforzada labor de maquillaje del Gobierno se completa con el levantamiento del veto a las empresas de trabajo temporal para que operen en la construcción y el sector público, lo cual es positivo, y con retoques contradictorios a los contratos temporales, pues mientras por un lado se endurecen los requisitos, por otro se alarga su duración. Y esto es todo lo que da de sí la tímida, alicorta y pacata reforma laboral del Gobierno, el cual ha perdido una excelente oportunidad para darle un vuelco a la legislación con el apoyo del centroderecha al completo y el refrendo de los mercados. Pero ha dejado fuera puntos tan sustanciales como la subordinación de la negociación colectiva a la de cada empresa; la vinculación de los subsidios de desempleo, los más generosos de Europa, a la búsqueda efectiva de empleo; el potenciar la movilidad, la formación y la intermediación; y, finalmente, la simplificación de la maraña de contratos, al tiempo que se introducen fórmulas flexibles de organización laboral. Una reforma ambiciosa y con vocación de perdurar habría incorporado todas estas novedades. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero se ha contentado con lo mínimo imprescindible para que Bruselas no la considere una burla. ¿Cabe esperar un cambio radical en la tramitación parlamentaria? Es más que dudoso, porque el PSOE lo hace con desgana, obligado por los mercados y sin visión de futuro. Sólo para salir del paso.