Murcia

El Gobierno vuelve a incumplir el pago de las ayudas aprobadas para Lorca

Los damnificados sólo han recibido dinero de la Mesa Solidaria, no de la Comisión Mixta

La reproducción del texto aprobado en el Congreso
La reproducción del texto aprobado en el Congresolarazon

MURCIA- A un día de que se cumpla el plazo establecido en la proposición no de ley (mañana día 17 de octubre), aprobada en el Congreso de los Diputados de forma unánime el pasado 13 de septiembre para paliar los daños de los seísmos en la ciudad de Lorca y reactivar su actividad económica, el Ejecutivo central aún no ha convocado a la Comunidad y al Ayuntamiento de Lorca para elaborar, conjuntamente entre las tres administraciones como establece el texto, un plan de actuaciones complementarias a las previstas en el Real Decreto-Ley, si bien, el comisionado del Gobierno de España, Jesús Miranda, mantendrá mañana un encuentro por separado con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel y, por la tarde, con el alcalde de Lorca, Francisco Jódar.

De igual manera, según ha podido averiguar LA RAZÓN, el responsable del Ejecutivo central aseguró que el importe de los 207 expedientes aprobados en la primera reunión de la Comisión Mixta, celebrada el pasado mes de julio, se ingresaría directamente en las cuentas de los damnificados, pero a día de hoy, los lorquinos que han perdido sus viviendas aún no han recibido lo prometido por el Gobierno de la nación. Asimismo, Miranda aseveró que las ayudas referentes a los expedientes aprobados en el segundo encuentro de la Comisión Mixta llegarían a los damnificados antes de que finalice el mes de octubre. No obstante, el Ayuntamiento de Lorca duda acerca de si se cumplirá el plazo establecido. Tal es así, que hasta el momento ha sido la Mesa Solidaria, que se encarga de gestionar las donaciones, la que ha adelantado el dinero a más de 800 familias, que debido a su precaria situación económica, no se pueden hacer cargo del pago de un alquiler.

En este desolador panorama, también resulta llamativo que de todas las iniciativas recogidas en el texto aprobado en el Congreso de los Diputados sólo se ha llevado a cabo un convenio por el que se establece que la Entidad Estatal de Suelo (Sepes) se encargará de urbanizar los terrenos cedidos por el Consistorio lorquino y pondrá en marcha la construcción de 300 viviendas para los damnificados. Resultando esta iniciativa, la única medida complementaria al Real Decreto-Ley, promovida por el Gobierno de España.

Y es que, como sustituto del Plan Lorca, Miranda explicó que se pondrá en marcha el Plan de Medidas Complementarias, sobre el que apuntó, que se presentará una vez concluido el plazo fijado para su elaboración y, del que aseguró, que «recogerá algunas de las propuestas del Plan Lorca».

Al respecto, el alcalde de Lorca afirmó a LA RAZÓN que desconoce las iniciativas que promoverá el comisionado y añadió que «recogeré todo lo que el Gobierno central quiera darnos, porque Lorca necesita muchas ayudas», si bien señaló, «seguimos manteniendo que realmente lo que necesitamos es un plan integral, es decir, un plan global que no hable sólo de la reconstrucción de edificios, sino que también resuelva el tema del patrimonio histórico, así como el municipal, el educativo y cuestiones de vivienda que siguen pendientes, entre otra infinidad de aspectos».

En este sentido, Jódar matizó que ese plan integral, para la reactivación del tejido empresarial y económico, ya estaba recogido en el Plan Lorca. No obstante, el Ejecutivo español rechazó este proyecto consensuado, con la intención de establecer simples «soluciones esporádicas» hasta la celebración de las elecciones del próximo 20 de noviembre.


El Ejecutivo central releva al delegado del Gobierno
- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, fue desautorizado recientemente por el propio Gobierno central por el continuo bloqueo ante las necesidades de la ciudad de Lorca. Por ello, el Ministerio de Fomento, junto con el de Presidencia, nombraron a Jesús Miranda, como encargado del comisionado del Ejecutivo español para hacerse cargo de la evaluación de daños y para promover iniciativas que consigan la reconstrucción de la Ciudad del Sol y establecer así, un plan de reactivación económica.