Las prótesis PIP condenadas

MADRID- «Te duermen y hacen lo que quieren contigo», explica María del Mar, de 45 años. En 2001, pasó por el quirófano de la Clínica Menorca en Madrid para elevar y aumentar el pecho, que, después de dos embarazos, no era el mismo. Pasó a formar parte de las 18.500 españolas operadas con prótesis de la casa francesa Poly Implant Prothèse (PIP). Ella, al igual que el resto de afectadas, no escogió el modelo del implante, confiaba en su médico. A los siete años, se le rompió una de ellas y decidió denunciar a su cirujano. La Justicia le ha dado la razón. Obliga a la clínica y al médico que la atendió a indemnizarla con 7.455 euros «por la inexistencia de un adecuado y suficiente Consentimiento Informado (CI)», dictamina la sentencia, la primera que se dicta en relación con las PIP. Según el juzgado que ha llevado el caso, se estima «acreditada la rotura de la prótesis mamaria derecha, un hecho reconocido por la parte demandada y la rotación completa del implante izquierdo», aunque sí matiza que «no cabe estimar acreditado que tenga su causa en la mala praxis» del médico demandado.

Vía judicial a seguir
Aunque desde el Ministerio de Sanidad prefieren «no valorar sentencias» por respeto a las decisiones judiciales, es un dictamen muy celebrado entre las asociaciones que luchan por los derechos de estas mujeres, como la Asociación el Defensor del Paciente. Su portavoz, Carmen Flores, considera que «es un gran paso que puede sentar jurisprudencia y mostrar la vía judicial a seguir por las miles de afectadas». Flores sigue recibiendo cada día varias llamadas de «mujeres asustadas que no saben a quién acudir. Me ha llamado una embarazada a la que se le han roto las prótesis y no sabe qué hacer», afirma.

La rotura de una de sus prótesis no fue más que una etapa más del calvario que vivió María del Mar. A la semana de pasar por el quirófano, «tenía los pechos caídos» y volvió a la consulta: «Yo hablaba con el doctor Martín, pero luego te operaba cualquiera», recuerda. A los seis meses volvieron a intervenirla y su cuerpo, en lugar de mejorar, fue a peor porque «me hicieron una nueva cicatriz encima de la anterior y las areolas estaban como 4 centímetros por encima de lo normal». Entonces, decidió no volver por la clínica.

Siete años despúes, en una revisión anual rutinaria, le descubren que una de sus prótesis estaba rota. Ella no lo notaba, «sólo sentía que estaba más blanda y prefería esperar unos meses para quitármela». Sólo pudo alargarlo treinta días más, «porque estaba completamente deshecha». Se puso en manos de otro cirujano y permaneció siete horas en la mesa de operaciones hasta que consiguieron extirparle toda la prótesis, que «se me había mezclado con la glándula mamaria». Una operación con un riesgo añadido: María del Mar tiene un problema de pulmones. En la sala de espera la aguardaba su madre: «El cirujano le enseñó lo que quedaba de los implantes y me dijo que eran como dos mocos verdes», asegura la afectada. En la intervención le retiraron los dos implantes, el que no se había roto «estaba dado la vuelta. Me lo habían colocado al revés». Hace cuatro años siguió el consejo de su abogado y denunció el caso. A pesar de su éxito, no está contenta con la sentencia: «Ha valorado el daño moral en 5.000 euros. Es patético. Pero bueno, gracias a Dios la hemos ganado, por lo menos nos han dado la razón porque he pasado un calvario». Y no sólo eso, la sustitución de sus PIP le ha costado más de 9.000 euros, un coste muy por encima de la indemnización que va a recibir de la clínica. Y a esos gastos hay que añadir los costes judiciales: «Sólo al procurador le he pagado 2.000 euros y debo añadir lo que me cobre mi abogado», subraya.

Sin registro europeo
La sentencia puede ayudar al resto de afectadas a plantarle cara a sus cirujanos, pero, como explica su portavoz, Eva Giménez, «no es una sentencia contra las PIP. Algunas mujeres podrán valerse de su testimonio, pero no se actúa directamente contra estas roturas», explica. El doctor Jaume Serra, el primer cirujano español en dar la voz de alerta, coincide con Giménez: «A pesar de esta sentencia, el problema de las notificaciones persiste. Antes de la alerta sanitaria en marzo de 2010 tan sólo se habían realizado 13 notificaciones de roturas». Hoy, de acuerdo con la Agencia del Medicamento, sólo se han dado 275 alertas. En ningún país europeo se están creando estos registros y los fabricantes no están colaborando para fijar frecuencias de rotura por cada implante para, así, «conocer con exactitud el peligro que corren las pacientes», insiste.

«No haremos una demanda conjunta»
El pasado sábado 4 de febrero más de 300 mujeres operadas con las prótesis mamarias PIP acudieron a la primera junta que organizaba la asociación de afectadas. «Fue el primer encuentro en el que queríamos mostrarles nuestro apoyo e informarlas», explica Eva Giménez, su portavoz. Desde entonces, se reúnen cada día con más mujeres para explicarles la labor que está haciendo el bufete que se encarga del caso. «Aún no sabemos exactamente qué medida vamos a tomar, pero descartamos la demanda conjunta porque cada caso tiene un tratamiento individual. Cada una se ha operado en un sitio diferente», asegura.