La izquierda agita a la calle

MADRID- Por si le quedaba alguna duda, PSOE e IU dejaron ayer claro a Mariano Rajoy lo que le espera si recorta derechos sociales, una beligerancia que brilló por su ausencia cuando el Gobierno de Zapatero afrontó recientemente el mayor «tijeretazo» de la democracia a las políticas sociales. En el primer Consejo Político de Izquierda Unida (IU) tras el 20-N, su coordinador federal, Cayo Lara, propuso mantener una movilización «permanente» –eso sí, de una manera «seria y responsable»– frente a las «agresiones» que vaticina que abanderará el PP contra el Estado del Bienestar y las conquistas sociales.

En esa misma línea, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, insistió en que su partido se opondrá «en la calle y el Parlamento» al plan de ajuste económico presentado por la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, para ahorrar 350 millones, informa Ep.

Ante el máximo órgano de gobierno de IU, Lara no se anduvo por las ramas y se comprometió a que los once diputados de la federación van a trabajar «codo con codo» con todos los afectados por la crisis para levantar «un gran dique de contención» que salvaguarde el bienestar de los ciudadanos. Izquierda Unida, añadió, se enfrentará a cualquier modelo que suponga un recorte de derechos sociales, como la reforma laboral que promueve el PP, y luchará por que sean los intereses del capital financiero los que se «subordinen» a las decisiones «democráticamente» adoptadas.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla- La Mancha aseguró que con las medidas de ajuste de Cospedal «lo único que va a pasar, como ya viene ocurriendo en los últimos meses, es que aumentará el desempleo» (25.000 parados más en la región en los próximos meses, según sus cálculos) «y que se deteriorarán los servicios públicos para los ciudadanos». Además, Caballero aseguró que su formación a nivel regional apoyará a los sindicatos y a otras organizaciones que ya han mostrado su rechazo a las medidas que afectan al sueldo de los funcionarios de la Junta, el paso a la gestión pública-privada de ciertos hospitales y a un aumento de la enseñanza concertada.