La juez rastrea el «organigrama» de Empleo por los ERE de Mercasevilla

En su búsqueda, la titular del juzgado de Instrucción número 6 apunta hacia la Junta de Andalucía imputando a dos ex altos cargos que han desaparecido del organigrama autonómico debido a este mismo escándalo.

El ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas suma así otra imputación por el «caso Mercasevilla», esta vez en la cuarta causa iniciada para esclarecer la aparición de personas ajenas al mercado central de abastos entre los prejubilados en 2003 y 2007, y la «ilicitud» misma de este segundo procedimiento.

Nuevo auto
En un auto emitido el pasado 20 de enero, la juez confirma la participación de «personas absolutamente ajenas al delito societario» –la tercera rama de la investigación– y detecta indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en la actuación de Rivas. Este histórico dirigente socialista ya está acusado de cohecho por la presunta petición de comisiones ilegales a dos empresarios de La Raza para la adjudicación de la futura escuela de hostelería de la Fundación Mercasevilla –la primera causa abierta–.

Antonio Rivas aparece en la documentación del ERE de 2007 como la «autoridad» que facilitó la inclusión de José Antonio R. M. en la relación de empleados afectados diez días después de su aprobación oficial y a pesar de que su relación laboral con Mercasevilla fue sólo eventual. Este empleado está igualmente imputado, como el ex dirigente del PSOE de Baeza Antonio Garrido Santoyo, beneficario de una prejubilación subvencionada por la Junta sin haber trabajado jamás en el mercado central de abastos, su ex gerente Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce.

El otro antiguo alto cargo autonómico implicado bajo los mismos cargos, según informó Europa Press, es el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero Benítez, a quien se sitúa en el centro de la «trama» investigada en la Consejería de Empleo como «ejecutor» del presunto fraude masivo.

No obstante, la lista puede crecer, ya que la instructora reclama en este último auto el «organigrama» de los consejeros de Empleo desde 2001, para ampliar, si corresponde, las responsabilidades a José Antonio Viera y su sucesor Antonio Fernández, ya encausado en la investigación general sobre los ERE.

Además, solicita la Dirección General de Trabajo la «certificación» de su resolución del 1 de junio de 2006, en la que «se planteaba el ERE de 2007 como una continuación del de 2003». Así podrá esclarecer si la financiación del segundo procedimiento corresponde a la Administración andaluza, como ocurrió con el primer expediente y como exigen los trabajadores, Mercasevilla y el propio Ayuntamiento.