El Supremo investiga si Garzón ocultó pruebas que exculpaban a Camps

La intervención del magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, en el «caso Gürtel» podría dar un giro de 180 grados en beneficio de la defensa del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Por el contrario, originaría serias dificultades para el futuro de Baltasar Garzón y algún inconveniente para el juez Pedreira, según manifestaron a LA RAZÓN fuentes del entorno del líder valenciano.El nuevo escenario viene motivado por la decisión del citado magistrado del Supremo de abrir una investigación acerca de la conducta del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre si se quedó de forma ilegal con la instrucción del «caso Gürtel» en 2008 eludiendo el sorteo por el que se decide el reparto de los sumarios. La actuación de Barreiro es consecuencia de la querella interpuesta por Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, quien, como informó este periódico reiteradamente, hizo imputar a Garzón por las escuchas ilegales realizadas entre uno de los principales cabecillas de la trama «Gürtel», Pablo Crespo, con sus abogados, entre los que se encontraba el propio Peláez. Dicho letrado denunció a la Fiscalía por los delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, y acusó a las fiscales, Concepción Sabadell y Myriam Segura, por haber forzado a dirigir ilegalmente el caso a manos de Garzón eludiendo el reparto por sorteo de los sumarios en base a unas supuestas conexiones anteriores de «Gürtel» con el caso «BBVA-Privanza» por el mero hecho de coincidir indirectamente algún personaje en los dos casos.Lo cierto es que Barreiro plantea la duda no sólo sobre el derecho a este reparto sino que investiga si el juez, la Fiscalía y las dos fiscales citadas ocultaron deliberadamente las manifestaciones del citado imputado en «Gürtel» Pablo Crespo, con sus abogados en las que exoneraba a Francisco Camps de que le hubieran pagado los trajes y, por tanto, podían haberle evitado una acusación de cohecho impropio decidida por el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencina, José Flors.Como se recordará, Crespo afirmaba en esas conversaciones que Camps se había pagado sus trajes y subrayaba que jamás se podría demostrar que a Camps se le habían pagado los trajes porque no era cierto.Concretamente, la conversación discurrió del siguiente modo: afirma Crespo a su abogado que «yo creo que Camps, si se hizo trajes allí, los habrá pagado él, de su bolsillo, otra cosa es que apareciera en un listado porque eran clientes que los llevaba Álvaro, igual que podía aparecer yo», a lo que su abogado, Ignacio Peláez, pregunta si se hacían simulaciones, y Crespo le explica que «esas eran las facturas que se cubrían y mucha más gente... lo hacíamos para hacerlo como un gasto deducible, pero no del señor Camps ni de nadie más», y explica que, si bien Isabel Jordan, trabajadora de Orange Market, dijo en un principio que le pagaban los trajes a Camps, luego se retractó, «porque efectivamente eso no es cierto: no sé si lo hizo para hacer daño o con qué intención, pero no es cierto eso. Nunca lo podrán demostrar porque no es cierto», concluía Crespo.Por otra parte, el magistrado Barreiro también se interesa por la instrucción del juez Pedreira, encargado del «caso Gürtel» en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. De ahí que solicite toda la información sobre la realización de las escuchas, declaradas ilegales en su día por el Supremo, y traslado del contenido de las mismas así como de todas las actuaciones practicadas durante el periodo que el sumario estuvo bajo la responsabilidad del juez Garzón, incluidas «las prórrogas de las intervenciones» de los pinchazos. Si la investigación de Barreiro llegara a anular las actuaciones de Baltasar Garzón, no sólo saldría beneficiado el presidente Camps, sino que quedaría anulada la instrucción de gran parte de la «trama Gürtel».En el escrito, Barreiro rechaza la petición de Garzón de que el Supremo sobreseyera la querella presentada por Ignacio Peláez, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que la ilegalidad de estas grabaciones ya fue señalada por el Supremo y fue objeto de la apertura de la causa que, junto a otras, se sigue contra el magistrado.Un cúmulo de irregularidadesAdemás, la constante denuncia de irregularidades en el proceso hace pensar que la inadmisión de estas pruebas y de la conversación en la que claramente se exculpa al presidente Camps de haber recibido trajes regalados, pudo deberse a que dicho testimonio beneficiaba claramente al presidente valenciano que en la última sesión de control parlamentario denunció que estaba siendo objeto «de un envite de todo el aparato del Estado».