Muerte digna o desamparo

MADRID-Ramona Estévez, una anciana de 90 años en coma irreversible, se ha convertido en un claro ejemplo de los peligros de una mala aplicación de la ley de muerte digna. La Junta, a petición de los familiares, aprobó la retirada de la alimentación para que muera poco a poco. La pregunta que surge es si es necesario hacer sufrir a un paciente si su estado médico, irreversible, iba a acabar de la misma forma pero algunos días después. ¿La mujer va a morir de forma digna o desamparada?

La Junta de Andalucía defiende que se ha aplicado la ley pero varias asociaciones, la Iglesia y algunos colectivos profesionales no opinan lo mismo. La asociación Derecho a Vivir denunció ayer la situación en los juzgados de Huelva y pidió que se restablezca la alimentación de la paciente. El representante de la organización en la ciudad andaluza, Eduardo Gómez, dijo que su intención es asegurar que la paciente «recibe los cuidados indicados por los médicos que la atienden, conforme a la lex artis (código de buenas práctica médicas) y al ordenamiento jurídico español, que persigue como delito la práctica de la eutanasia».

«Eutanasia clara»
Gómez tiene muy claro que «estamos delante de un caso de eutanasia y no de muerte digna como defiende el Gobierno andaluz» y recordó que «todo lo que no sea muerte natural sino provocada está castigada por el Código Penal». Por ello, propuso la alimentación de la anciana «a través de un medio ordinario» y que «se la trate hasta los últimos días, en un centro de cuidados paliativos». «Está fuera de lugar –añadió– que dejen a esta mujer morir desnutrida, sin auxilio en algo tan fundamental como la alimentación».

En opinión del representante de Derecho a Vivir, esta decisión no significa que apoyen el «ensañamiento terapéutico» porque, dijo «no estamos a favor de que se le administren fármacos para alargarle la vida. Esta persona tiene dignidad y no se la puede dejar morir por desnutrición».

La asociación nacional para la defensa del derecho a la objeción de conciencia (Andoc), insiste en la necesidad de «preservar la dignidad de la persona» aunque su proceso de salud sea irreversible. Las deficiencias de la ley de muerte digna y el conflicto directo con la legislación española, han llevado a Andoc a solicitar la «judicialización» de la aplicación de la norma y que sea un juez el que decida finalmente si se aplica o no –como en los caos de donaciones de órganos–, porque «en España las leyes las interpretan los jueces», dijo Juan Manuel Molina, portavoz de la asociación.

El conflicto pone en una situación crítica a los médicos. Así, Nicolás Jouvé, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares y presidente de CIVICa, alertó del peligro de «obligar a los médicos por ley a actuar contra la praxis médica. No se puede obligar al facultativo a dejar morir a un paciente por inanición, es una muerte traumática y que no pertenece al ejercicio de la medicina».

El gran problema, según Jouvé, es que ni la ley andaluza ni la que pretende aprobar el PSOE han incluido la obligatoriedad de establecer cuidados mínimos. En un proceso irreversible no hay que alargar la vida innecesariamente, pero hay que dejar que muera de forma natural y sin causar sufrimiento al paciente».

Esta ley deja desamparados a los médicos, cuyo código deontológico obliga a intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y cuando no lo sea, permanece su obligación de aplicar medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo y nunca podrá provocar de forma intencionada la muerte de un paciente aunque exista una petición expresa del mismo.

Mientras tanto, Ramona sigue sin ser alimentada, está en coma pero sufre. Sus órganos comienzan a fallar y morirá en pocos días. ¿Se irá de forma digna o desamparada?

En una encrucijada
El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, reconoce que el caso de Ramona le ha puesto «entre la espada y la pared» por su doble condición de «cura y Defensor del Pueblo». Con todo, dijo que, en cualquier caso, estas actuaciones tienen que «respetar siempre la voluntad del paciente» y se mostró partidario de que, «si hay una ley y la familia quiere que se cumpla, cúmplase». Por su parte, el obispo de Huelva, José Vilaplana, señaló que «toda acción dirigida a interrumpir la alimentación o la hidratación constituye un acto de eutanasia, en el que la muerte se produce no por la enfermedad, sino por la sed y el hambre provocada. El único deber de la sociedad es ayudarla a vivir».