La «procesión atea» a los tribunales

Los cabecillas de la «procesión atea», convocada para el Jueves Santo en el centro de Madrid podrían acabar sentados en el banquillo. Después de que la nueva delegada del Gobierno, Concepción Carrión, rebajara la convocatoria atea hasta considerarla un «acto festivo», la Asociación Estatal de Abogados Cristianos interpuso ayer una querella en los juzgados de Plaza de Castilla contra los organizadores del «boicot» a la Semana Santa por delitos «contra el sentimiento religioso, en concurso con un delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia, por motivos referentes a la religión o creencias y con un delito de enaltecimiento del terrorismo y varios delitos de injurias, calumnias y amenazas».

La convocatoria para realizar una «procesión atea» el Jueves Santo se produjo hace aproximadamente tres semanas, tras las detenciones de varios de los «asaltantes» a la capilla de la Universidad Complutense. En este caso, los organizadores son la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, la Asociación vecinal Playa de Lavapiés, Ateos en Lucha, Volia, Cruento Cuento y Albatros, y su intención es «castigar a la conciencia católica» y «hacer daño sin contemplaciones», según explicaron representantes de estos colectivos ateos en un programa de radio (Radioela) y según está recogido en la denuncia de la Asociación de Abogados Católicos.

Asimismo, la Asociación de Abogados recordó ayer que la «antiprocesión», será dirigida por el actor Leo Bassi que permanece imputado por un juzgado de Valladolid por delitos contra los sentimientos religiosos, injurias y calumnias. Unos delitos que podrían repetirse en este caso, ya que –como adelantó LA RAZÓN– la «antiprocesión» incluirá la representación de pasos como la «hermandad de la santa pedofilia», la «cofradía del papa del santo latrocinio» o la «cofradía de la virgen del mismísimo coño».

Medidas cautelares
La denuncia solicita al juez, además, el dictado de medidas cautelares que impidan su celebración. En este sentido la portavoz de los Abogados Católicos, Polonia Castellanos, declaró a este periódico que la delegada del Gobierno en Madrid «ya ha sido notificada de las intenciones de estos grupos, y podría incurrir en prevaricación y en colaboradora necesaria de los delitos denunciados, si autoriza tal evento».

Ante el carácter reivindicativo e incluso ofensivo del acto, reconocido incluso por las asociaciones convocantes, el consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, pidió ayer a la Delegación de Gobierno que tome cartas en el asunto y prohiba la manifestación al asegurar que «de festivo no tiene nada, es una ofensa a las creencias de la inmensa mayoría de los madrileños». Asimismo, Granados exigió a la nueva delegada que asuma sus competencias y declaró que «es un atentado contra las creencias más íntimas de la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad y de todos los españoles».

Rubalcaba contradice a la nueva delegada
Sólo habían pasado 24 horas desde que la nueva delegada de Gobierno tomara posesión de su nuevo cargo y el vicepresidente primero del Gobierno tuvo que intervenir ya ayer para corregirla. Concepción Carrión había calificado el jueves la «procesión atea» como un «acto festivo» y bajo este argumento aseguró que no era de su competencia la autorización o no de la misma, sino del Ayuntamiento de Madrid. Ayer, Alfredo Pérez-Rubalcaba subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la decisión de autorizar o no la procesión anticlerical corresponde y «lo decide» la Delegación del Gobierno, que, según apostilló, «aplicará la ley como con cualquier otra manifestación».