Castilla y León
Más ayudas para adquirir viviendas habituales de nueva construcción
Ésta es una de las siete nuevas rebajas fiscales que la Junta ha previsto para 2012, con lo que llegará al medio centenar.
Valladolid- Buenas noticias para quienes estén pensando en comprar una vivienda de nueva construcción, pero también para miles de trabajadores del sector inmobiliario de Castilla y León. La Junta aplicará, con cargo a los presupuestos del próximo año, una rebaja fiscal del 7,5 por ciento en el Impuesto de la Renta (IRPF) sobre el pago de los inmuebles iniciados entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. De este modo, los adquirientes de una vivienda habitual de esas características podrán deducirse hasta 9.040 euros anuales durante los cinco primeros años. Una fórmula muy pareja a la que anteriormente aplicaba el Estado, pero que fue suprimida por el PSOE para las rentas superiores de 24.000 euros.
La medida, según explicó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tendrá un impacto de siete millones de euros y tendrá como beneficiarios a 26.000 castellanos y leoneses, según las primeras estimaciones de su departamento.
Del Olmo dio a conocer el contenido del Anteproyecto de Ley de Medidas Financieras para 2012, en el que se incorpora esta novedad, pero también otras siete ventajas fiscales, lo que supone que la Junta de Castilla y León ya incorpora hasta medio centenar de beneficios tributarios.
Entre ellos, se mantiene el impulsado el pasado año para la realización de reformas en vivienda habitual, por un importe máximo de 10.000 euros por contribuyente residente en el inmueble, pero por el 15 por ciento del total de la inversión, y para la ITV de los edificios de más de 30 años, habida cuenta de que a partir de 40 es obligatoria para los inmuebles de la Comunidad. Con esta iniciativa, como con la dirigida a la vivienda nueva, se persigue favorecer el empleo dentro del sector de la construcción y afines, especialmente azotados por la crisis.
Otra novedad prevista para el próximo año se refiere a un incentivo para animar a los trabajadores autónomos a retomar la actividad, tras abandonar su negocio como consecuencia de la crisis. Consiste en una bonificación en el IRPF de 1.020 euros, el doble en el caso de que la actividad se desarrolle en el medio rural.
Impuesto de Patrimonio
Por otra parte, la Junta ha previsto la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, si bien criticó el «desastre» que ha supuesto «eliminarlo de forma arbitraria en 2008 y recuperarlo dos meses antes de las elecciones, de forma demagógica», aseguró la consejera Pilar del Olmo, quien, no obstante, advirtió de que los ingresos «no llegarán a 42 millones», cifra estimada por los técnicos de Hacienda, cuando anteriormente Castilla y León recibía por ese tributo prácticamente el doble de esa cantidad.
Por último, se impulsan otros cuatro beneficios fiscales para paliar las serias dificultades que atraviesa el sector del juego, concretamente los establecimientos de casino, bingo y máquinas recreativas, en las que trabajan 2.000 personas en Castilla y León. «Se les rebaja la tributación, siempre que se ligue al mantenimiento del empleo o la generación de actividad», aclaró Pilar del Olmo.
En otro ámbito, el ganadero, la Junta mantendrá la bonificación del 95 por ciento en la tasa que grava la prestación de servicios veterinarios de ovino y caprino, mientras que se equipara a ese porcentaje la de bovino, conejos y porcino. Pero el Anteproyecto también contempla dos novedades no tributarias. La primera, un refuerzo en el control del gasto público, con la institucionalización de procedimientos, de modo que se podrá proceder a la comprobación material del destino de fondos públicos para subvenciones o actividades concretas.
Además, se suprimen una docena de organismos públicos y se redefinen las funciones de otros. Concretamente, se concentrarán funciones en las comisiones provinciales de Urbanismo y Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente y en la autonómica y se aglutina en un mismo ámbito Antidopaje y Arbitraje.
Los accidentados negligentes pagarán la salida del 112
Las personas que actúen de forma negligente y como consecuencia de ello hayan sufrido un accidente tendrán que asumir el coste de los servicios de búsqueda y rescate, por no atender a las indicaciones o partes de aviso o predicción de meteorología adversa o por no llevar el equipamiento adecuado para la actividad. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, consideró que la medida no tiene afán recaudatorio, sino que busca ser un elemento disuario ante un servicio que supone miles de euros de desembolso cada año. Así, detalló que se cobrará a la persona atendida de manera simbólica, pero nunca el coste total de la asistencia, que resultaría «mucho mayor». Como ejemplo, destacó que un accidentado rescatado en helicóptero deberá pagar el coste del alquiler horario de ese vehículo, cifrado en 1.947 euros. Si bien, la normativa detallará a qué cuantía deberá hacer frente el usuario de los servicios de protección civil en el caso de que se demuestre su negligencia. El control del pago de esta tasa corresponderá a la Consejería dentro de la que se integra el Servicio de Emergencias de Castilla y León, el 112, es decir, Fomento y Medio Ambiente.
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