El Congreso pide al Gobierno que los test de estrés a las nucleares se hagan este año

Esta proposición no de ley contó con la abstención de PP y CiU, que no estaban de acuerdo en cerrar Garoña para 2013, dado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe el año pasado en el que informaba de que la nuclear estaba capacitada para funcionar más allá de su vida útil, hasta 2019 por lo menos.

El diputado encargado de defender esta iniciativa ha sido el socialista Hugo Morán, quien ha subrayado que lo acontecido en Japón debe obligar al Parlamento a tomar decisiones en materia de seguridad de centrales, con el objetivo de trasladar certeza y seguridad a los ciudadanos.

"Con la normativa actual sería razonable pensar que el niño que naciese en 2011 podría cumplir su mayoría de edad en un país libre de centrales nucleares", ha apostillado.

Realizar todos los estudios necesarios
En este sentido, la Cámara baja ha aprobado que el CSN lleve a cabo en las ocho instalaciones nucleares españolas los estudios necesarios para garantizar que estas instalaciones puedan funcionar durante su vida útil, sin suponer un riesgo para la población o para el medio ambiente.

Entre otras, las situaciones excepcionales que deben ser consideradas en materia de seguridad y resistencia de cada central son: terremotos, incluso de magnitud superior a lo previsible; ante inundaciones; los efectos del cambio climático; ante situaciones de emergencia como las vividas en Fukushima; o frente posibles ataques terroristas o ciberataques.

Conforme a lo acordado en el seno de las instituciones europeas, el Parlamento quiere que el Ejecutivo tenga en cuenta las causas técnicas (fallo de los sistemas principales y secundarios de refrigeración) que han provocado la crisis de Japón en las centrales españolas, su capacidad de respuesta, así como medidas adicionales a adoptar en los planes de seguridad.

Asimismo, pide al Gobierno que atienda tanto a su impacto económico como a la proporcionalidad de las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil, a los operadores de las centrales nucleares, en relación a los costes personales y medioambientales.

Informe en el Congreso
Es más, solicita al Gobierno que presente un informe a las Cortes con toda la información recopilada y los resultados y conclusiones que se deriven de dichos estudios y pruebas, con las cautelas que se consideren oportunas en relación con la salvaguarda de la seguridad pública y la prevención del terrorismo.

Además, plantea al Gobierno una modificación del marco normativo que regula el funcionamiento de las centrales nucleares adecuándolo a la nueva normativa y a las recomendaciones que pudieran establecerse en el marco de la UE, incluyendo las pruebas de resistencia que se establezcan a nivel comunitario.

Igualmente, se insta al Gobierno a revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación previstos en casos de accidentes graves, así como realizar periódicamente simulacros de estos planes en colaboración con la población, para comprobar la efectividad de los mismos.
Impulsar las actualizaciones oportunas de las medidas de seguridad y los mecanismos para consolidar la total transparencia, rigor y fluidez de la información sobre la seguridad y los incidentes en las centrales nucleares ha sido otro de los puntos respaldados, junto con la promoción de la aplicación de planes de dinamización económica para las zonas afectadas por el cierre de instalaciones atómicas.

Cierre de Garoña
Con esta proposición no de ley, el PSOE ha querido también cerrar el debate planteando en el Congreso la ratificación del cese de actividad de Garoña mediante la presentación de esta proposición no de ley, tras la enmienda en la Ley de Economía Sostenible que abría la puerta a prorrogar las centrales más allá de 40 años de vida y, después del accidente nuclear de Japón.

En concreto, se anima a continuar llevando a término todas las acciones conducentes a hacer efectivo el acuerdo del Consejo de Ministros del cierre de Garoña, cumplido su ciclo de vida útil, en consonancia con las exigencias y garantías que se deduzcan de los estudios y pruebas de seguridad.

Tanto PP como CiU consideran que es el criterio del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que debe prevalecer a la hora de cerrar una instalación atómica y, en el caso de la nuclear burgalesa, el órgano regulador votó por que siguiera funcionando más allá de su vida útil, hasta 2019.

En concreto, Alvaro Nadal, del PP, le ha reprochado al Gobierno que el cierre de Garoña es por "demagogia y capricho en precampaña electoral", tras el informe del CSN y las afirmaciones del ministro de Industria, Miguel Sebastián, a raíz del accidente de Fukushima, de que las centrales españolas "sí son seguras".

Por su parte, el diputado de CiU, Jordi Jané, ha tachado además de "oportuna"la proposición no de ley de los socialistas, porque en su opinión, el Consejo de Ministros ya aprobó el cierre de la central y no es necesario el respaldo del Pleno de la Cámara para llevar a término esta decisión.

Más test de estrés

La diputada de UPyD Rosa Díez ha detallado que lo ocurrido en Fukushima debe ayudar a obtener conclusiones sobre la seguridad nuclear en España, para implantar un mayor número de controles; a la vez que el diputado de ERC, Joan Ridao, ha apuntado que es una energía que no es ni barata, ni limpia, ni ilimitada porque el combustible nuclear, que procede del uranio, es un recurso natural que se agota.

"En caso de accidente es una amenaza mayor que cualquier tipo de generación eléctrica", ha apuntado el diputado del BNG, Xesus Jorquera; mientras que el diputado José Luis Perestelo, de Coalición Canaria, ha subrayado que siempre puede existir un riesgo, aunque mínimo, de catástrofe natural en España, que perjudique a la seguridad de las centrales.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu ha tildado esta iniciativa socialista de "electoralista", si bien ha reconocido que Fukushima ha puesto de manifiesto el peligro de la energía nuclear y para evitar otros riesgos cree que el Gobierno debería construir de inmediato el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. "La central de Santa María de Garoña debe cerrarse cuando cumpla el ciclo de vida útil", ha apostillado.

A diferencia del resto de formaciones, Nuria Buenaventura, de ICV, ha destacado el caso de la central de Cofrentes, en Valencia, que en su opinión es "muy similar"al resto de unidades de la planta japonesa de Fukushima y también debería cerrarse.