BARCELONA- El pasado 18 de mayo, el conseller de Economía, Antoni Castells, anunció a bombo y platillo su plan de adelgazamiento de la administración para reducir el déficit: 63 de las 247 empresas de la Generalitat estaban condenadas a desaparecer. Sin embargo, olvidó leer la letra pequeña del acuerdo. La mayoría de estas empresas no iban a disolverse, sino a fusionarse o integrarse en otras (un total de 45, el 71 por ciento). Es más, la desaparición de algunas de estas empresas no iba a ser inmediata, ya que la modificación de sus estatutos requiere tramitación a través de ley.
La semana pasada, horas antes de dar por cerrado el curso político, el Govern aprobó su decreto de «medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público catalán». Pero esta norma sólo prevé la desaparición de siete entidades – Institut per a la Promoció i la Formació de Cooperatives, Viatges de Muntanya S.A, Equacat S.A., Institut d'Estudis de la Salut, Institut de Diagnòstic per a la Imatge, Agència, d'Informació Avaluació i Qualitat en Salut– y promulga la creación dos nuevas empresas que deberán aglutinar algunas de las entidades «desaparecidas», se trata de la Agència Catalana de l'Esport y de la Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut.
Aunque el plan de la Generalitat preveía un ahorro de hasta 25 millones de euros, el Govern podría quedarse lejos de alcanzar esta cifra si el ritmo de adelgazamiento no se acelera ya que no se ahorrará ni el sueldo de la mayoría de trabajadores de estas empresas. Tal y como reconoció la consellera de Treball, Mar Serna, semanas atrás, se trata de funcionarios que deberán ser recolocados. El propio decreto del Govern prevé que los trabajadores de las empresas que se integrarán en otro organismo pasen a depender laboralmente de éste.
A todo esto hay que añadir que la Generalitat ha contabilizado en su plan de adelgazamiento fusiones que ya estaban aprobadas desde hace años. Este es el caso de la unión entre el Copca y el Cidem –que el tripartito aprobó en 2007 y consumó en 2008– para crear el organismo Acc1ó, dependiente de la conselleria de Innovació, Universitats i Empresa.