El Gobierno deja en manos del paciente la decisión sobre su vida

Para ello, el Ejecutivo ha pisado el acelerador, a menos de un año de las generales. Consciente de que en junio debe remitir la norma al Congreso de los Diputados para que pueda ser tramitada y reciba la luz verde del Parlamento antes de final de Legislatura, el Consejo de Ministros dio ayer su plácet a la remisión del anteproyecto conocido por muerte digna al Consejo de Estado para su dictamen preceptivo. Aunque no despenaliza la eutanasia, otorga al enfermo terminal «la garantía del pleno respeto de su libre voluntad en la toma de decisiones sanitarias que afecten a dicho proceso». La Ley garantiza una serie de derechos para las personas que están en la fase final, entendiendo como tal «la fase gradual que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de consciencia, dificultad de relación y de ingesta y pronóstico vital de pocos días».

Así lo confirmó ayer la ministra de Sanidad, Leire Pajín, al término del Consejo de Ministros. Pese a que Pajín confirmó que el anteproyecto de ley cuenta ya con su obligatoria memoria económica, eludió aportar dato alguno sobre el coste de algunas de las medidas. De ahí que se desconozca cuál será el coste de que Sanidad facilite una habitación individual al paciente en el final de sus días. El texto reconoce el derecho del enfermo a que, en la etapa final de su vida, se preserve su intimidad y la de su familia, a que esté acompañado y a que se le permita recibir el auxilio espiritual que solicite conforme a sus creencias. Pajín destacó que la ley «no despenaliza ni la eutanasia ni el suicidio asistido. Lo que hace es asegurar que la intervención sobre el paciente evite el ensañamiento terapéutico y el sufrimiento innecesario». Se trata de unificar la normativa en el conjunto del Estado, después de que comunidades como Andalucía, Aragón y Navarra cuenten con leyes que regulan esta materia.

La norma no establece ningún tipo de objeción para los profesionales del sector sanitario, ya que las «prácticas reguladas están consideradas como parte del correcto proceder y son derechos indisputables del paciente». Por tanto, están obligados a respetar la voluntad, convicciones y creencias del paciente y el cuidado asistencial que desea recibir en esos momentos de su muerte. Y es que la futura norma establece que toda persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida, incluido tanto el tratamiento analgésico específico como la sedación.

El texto garantiza también la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios dedicados a los cuidados paliativos, que, según la ministra, reciben la mitad de las personas en el momento de la agonía. Además, consagra el derecho a la información asistencial a la toma de decisiones, al tratamiento del dolor, a la voluntad anticipada o testamento vital, recogido en un registro nacional, y al acompañamiento e intimidad en los últimos días de vida. Las personas en fase terminal tendrán derecho a la asistencia domiciliaria en los cuidados paliativos que precisen, lo que les permitirá morir en su domicilio. La ministra hizo hincapié en que esta ley va dirigida a los pacientes en fase terminal o de agonía, «donde los médicos descartan de una forma clara que vaya a haber expectativas de curación» o que el paciente tenga un pronóstico de vida limitado a semanas o meses. Se trata de «pasar de un modelo asistencial a un sistema de derechos y garantías».

Pajín dice que quiere escuchar a la Iglesia
El Ejecutivo espera conseguir un amplio consenso en torno a esta ley de cuidados paliativos. Así lo aseguró ayer la ministra de Sanidad, que se mostró dispuesta a escuchar lo que tenga que decir al respecto la Iglesia católica. Es más, Leire Pajín aseguró que algunos segmentos eclesiástico están de acuerdo con esta norma. «¿Hay algo más caritativo que mitigar el dolor de un ser humano?» se cuestionó la titular de Sanidad. De momento, la jerarquía eclesiástica prefirió ayer guardar silencio, hasta estudiar detenidamente el anteproyecto de ley de cuidados paliativos.