El fiscal acusa a Udalbiltza de ser una «cortina de legalidad» de la banda

MADRID- Tras tres meses de juicio, el fiscal Juan Moral se ratificó en su impresión de que entre esta plataforma y la organización criminal existía «una vinculación directa». «La izquierda abertzale –resumió Moral– estaba sufriendo los golpes judiciales en su frente institucional y se acercaban las elecciones de 2003, en las que no podía estar presente, lo que le cerraba las fuentes de financiación. Había que reaccionar». La respuesta a esa amenaza fue, según el representante del Ministerio Público, que ETA «descongeló» a principios de 2001 Udalbiltza (una iniciativa de la que ya se habían apartado tanto el PNV como EA) y asumió el liderazgo de este proyecto «en exclusiva» para «garantizar» la presencia abertzale en las instituciones.
Con ese convencimiento, el fiscal mantuvo su acusación de integración en ETA para los acusados, aunque –tal y como adelantó ayer LA RAZÓN– retiró la de malversación de caudales públicos que pesaba sobre Alegria y otros tres procesados (Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa y Xabier Iragorri).
Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular, no siguió la senda del fiscal y decidió mantener esa imputación, por lo que Alegria no puede todavía cantar victoria. La letrada Elisa Ferrés Sama –secundada por su compañera Carmen Ladrón de Guevara– definió a Udalbiltza como «parte del proyecto táctico de ETA» y ratificó la petición máxima de penas, de entre 14 y 22 años, para los procesados.
El prolijo relato del fiscal (que se prolongó durante dos horas y media) abundó en el mecanismo que permitía financiarse a Udalbiltza: 52 de los 62 municipios en manos de Euskal Herritarrok (EH) realizaban aportaciones del 1% de sus presupuestos o del 1,4% de sus ingresos ordinarios. La Asamblea de Electos se encargó, además, de poner en marcha la campaña del DNI vasco, recordó Moral, un paso más dentro del «proyecto de construcción nacional» diseñado por la banda terrorista.

Los informes
- El fiscal Juan Moral ratificó su acusación de integración en ETA para los 20 acusados, pero retiró la de malversación de caudales públicos para cuatro de ellos, incluido el ex dirigente de EKIN Xabier Alegria.
- Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular, mantuvo sus imputaciones contra los procesados, incluida la de malversación, lo que permitiría al tribunal condenar a Alegria.
- Las defensas de los procesados a los que se retiró la acusación de malversación pidieron al tribunal que Dignidad y Justicia sea condenada en costas si sus clientes son absueltos finalmente de este delito.