«No se puede cargar a los agricultores de tantos compromisos ambientales»

Se veía venir. El borrador de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020, presentada en Bruselas por el comisario europeo del ramo, Dacian Ciolos, a primera vista, no beneficia en nada a los agricultores de Castilla y León. Así lo aseguró la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ya que según explicó «no se puede seguir cargando a los agricultores y ganaderos de compromisos medioambientales si no se incluyen nuevas partidas presupuestarias».

Silvia Clemente criticó con contundencia el documento, ya que incluye cuestiones con las que el Gobierno regional no está de acuerdo, como su rechazo a la puesta en marcha de una tarifa plana, debido a que «España perdería con este tipo de tarifa» por la variedad agrícola existente en nuestro país.

La consejera afirmó que «no habrá grandes noticias y cambios sobre la PAC» y consideró que en los próximos meses del debate será «intenso» y será necesario hacer aportaciones, en las que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino «tiene que jugar un papel importante porque el tiempo apremia».

Y es que, el documento presentado por Dacian Ciolos está basado en «eliminar los criterios históricos que supuestamente benefician a los antiguos Estados miembros y premiar a aquellos que hagan más esfuerzos medioambientales. El Ejecutivo autonómico quiere desarrollar así «un mecanismo más objetivo y justo para todos los agricultores de la Europa de la Unión».

Así la nueva PAC, que se aplicará desde el 1 de enero de 2014 y será aprobada durante 2012, plantea una redistribución de pagos entre Estados miembros y agricultores con períodos transitorios para evitar los cambios radicales, informa Ical.

La estructura propuesta para los pagos se divide en cinco apartados. Uno base a la renta que será anual y por hectárea, por Estado o por Región, en forma de derechos, y que deberá cumplir la condicionalidad. Se propone establecer un techo por explotación que tenga en cuenta el empleo generado.

El complemento verde consistirá en un pago añadido por cumplir con determinadas condiciones medioambientales en toda la Unión Europea y de forma obligatoria (pastos permanentes, cobertura vegetal, rotación de cultivos y barbechos). Se estudiará la posibilidad de incluir los requerimientos actuales de la Red Natura 2000 o alguna otra práctica más dentro las Buenas Prácticas Agrícolas. La ayuda referida a zonas con dificultades específicas se otorgará por hectárea, y busca compensar a los productores en zonas con ‘hándicaps' productivos, como complemento al apoyo recibido por el segundo pilar, es decir, el desarrollo rural.

El cuarto pago es el acoplado a la producción. De este modo, se mantiene la posibilidad de mantener este tipo de inversiones (por ejemplo como los actuales del artículo 68) para zonas con determinadas dificultades. Estará basado en superficies, rendimientos o cabezas de ganado y con límites definidos. Por último, el quinto será un apoyo a los pequeños productores, con pagos específicos. Tres son los objetivos de la nueva PAC: una producción de alimentos viable, la gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo territorial equilibrado.

«Mosqueados»
Los que peor se han tomado el documento son las organizaciones agrarias (OPAs). El presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, mostró su preocupación por la falta de concreción de medidas del texto de la PAC y la inexistencia de presupuesto. Por este motivo, reclamó un «esfuerzo de debate y análisis» entre las administraciones para defender los intereses de los profesionales.

Asimismo, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) demandó a la nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, la creación de un grupo de trabajo, del que formen parte las comunidades, el Gobierno y las OPAs, al objeto de elaborar una posición común del Estado.
Por último, UPA valoró «positivamente» que la nueva PAC considere que el futuro del mundo rural europeo «pasa por el mantenimiento» de las ayudas, aunque echó en falta concreción.


Defienden una política agraria común «fuerte»
Los grupos políticos mayoritarios en Castilla y León, PP y PSOE, parece que se han puesto de acuerdo en alcanzar una Política Agraria Común (PAC) «fuerte» con la que los agricultores y ganaderos de nuestra Comunidad «no pierdan financiación». Así lo indicaron el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez; y del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Ana Redondo. Además, De Santiago-Juárez demandó una posición de Estado de «mínimos» entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para la negociación que se abrió ayer. Por otra parte, la eurodiputada del PSOE de Castilla y León, Iratxe García, reclamó una PAC que garantice las rentas de los agricultores y la supervivencia de los territorios rurales. Asimismo, explicó que «siempre hay que esperar la letra pequeña y, en esta ocasión, tener en cuenta las actuales incertidumbres presupuestarias a partir de 2013». Por último, el eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, pidió que «el reparto de ayudas debería realizarse siguiendo criterios objetivos y justos que tengan en cuenta la distribución histórica de los fondos».