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Croem alaba el Plan de Pago a Proveedores pero considera «excesivo» el plazo de 5 años
Es contraria a que las empresas tengan que asumir el coste del cobro anticipado
MURCIA- La patronal murciana Croem valoró ayer el «esfuerzo» de la Comunidad Autónoma por alcanzar un acuerdo con las entidades financieras para establecer un plan de pagos a los proveedores, pero también consideró «excesivo» el plazo máximo de cinco años e inaceptable que las empresas que se acojan a la fórmula del cobro anticipado tengan que asumir los costes de la misma.
De esta manera, la patronal, en un comunicado, ve «positivo» que el plan afronte determinados pagos a corto plazo, de manera que un número importante de proveedores puedan ver satisfechas las cantidades que se les adeudan. No obstante, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia matizó que se trata de una «parte muy pequeña de la deuda total», ya que ésta sólo supone cien millones de euros de la deuda total de la Comunidad que asciende a 1.200 millones de euros.
Asimismo, la patronal consideró «excesivo» el plazo máximo de cinco años, establecido por el Gobierno regional, para el pago «grueso» de la deuda acumulada durante los últimos años y advirtió que «sumar ahora una prórroga de otros cinco años resulta insostenible para las empresas».
Croem también indicó que la asunción de los intereses de la demora por parte de la Administración regional, aunque valoró como imprescindible, «tiene más que ver con el cumplimiento de un precepto que con un acto de carácter voluntarista».
De tal forma, la patronal se muestra contraria a que las empresas que se acojan a la fórmula de cobro anticipado mediante la financiación a través de las entidades que han suscrito el convenio con la Comunidad deban asumir los costes de la misma, de igual modo subrayó que estos costes se añadirían a los ya soportados por el tiempo transcurrido desde que se generó la deuda hasta la fecha.
Por todo ello, Croem volvió a advertir que la crisis y la falta de previsión presupuestaria vivida en los últimos años han llevado a las administraciones públicas a alcanzar unos niveles de morosidad con las empresas de la Región de Murcia que está provocando el cese de la actividad de miles de empresas murcianas.
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